Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
En Atlixco, la flor de cempasúchil florece, pero la actividad económica del emprendedor se apaga. Es resultado de la emisión o la componenda de funcionario de la presidenta municipal Ariadna Ayala Camarillo, a quien recién de detuvieron a su secretario de Seguridad, Antonio N., por delitos como abuso de autoridad, incumpliendo de un deber legal y cohecho.
Y es que lo que debía representar una oportunidad para que pequeños comerciantes y emprendedores obtuvieran ingresos durante las festividades del Valle de las Catrinas terminó en pérdidas económicas, inconformidad y cuestionamientos.
Los señalamientos se dirigen contra de Jorge Agustín Villordo Galván, identificado por los denunciantes como organizador de un espacio comercial en Metepec, quien presuntamente aseguró que el predio utilizado pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El cobro de piso se impuso, a unos minutos del palacio municipal. La denuncia en poder del autor de la columna dice que se exige un 25 por ciento de utilidades totales diarias por cada puesto.
Villordo Galván inventó un banco, del cual se cobraba por anticipado la utilidad. La diferencia no es menor: cobrar sobre las ventas brutas significa exigir una parte del dinero recibido antes de descontar materias primas, salarios, transporte, elaboración y demás gastos.
Por ejemplo, un comerciante que venda 2 mil pesos en un día tendría que entregar 500 pesos al personaje, aunque su utilidad real fuera de apenas 300 pesos. En ese supuesto, terminaría por perder dinero, mientras el chantajista sólo extendía la mano.
También señalan una falta de coordinación sobre los días de apertura, situación que habría ocasionado pérdidas de productos perecederos, como tamales, atole y repostería.
Se les ofreció evitar la repetición de productos entre los puestos, compromiso que, según afirman, no se respetó y perjudicó sus posibilidades de venta.
A estas inconformidades se agregan supuestos cobros por permisos municipales que, de acuerdo con los denunciantes, finalmente no habrían sido tramitados, así como la falta de lonas, techos y alumbrado adecuados en algunos espacios comerciales.
El caso plantea una pregunta que las autoridades municipales deben responder:
¿Puede un particular organizar una feria?, ¿cobrar un porcentaje de las ventas de los comerciantes y utilizar un espacio cuya propiedad y autorización no han sido acreditadas públicamente?
También debe aclararse si el ayuntamiento de Atlixco autorizó el evento, conoció sus condiciones comerciales, recibió algún pago o permitió que se cobraran supuestos permisos en su nombre.
Si este mecanismo de cobro se utiliza en otras ferias o festividades del municipio, resulta indispensable conocer quién lo autoriza, quién recibe el dinero y bajo qué fundamento legal.
Los denunciantes consideran que estas prácticas podrían constituir un sistema abusivo de explotación económica de los pequeños comerciantes. Sin embargo, la existencia de extorsión u otro delito deberá determinarse mediante pruebas e investigación de las autoridades competentes.
Las ferias populares deben impulsar la economía local, no convertirse en espacios donde los emprendedores asuman todas las pérdidas mientras la cacería de otros reciben un porcentaje de ventas sin compartir los riesgos.
Corresponde exigir una investigación transparente, la revisión de los contratos y recibos de cobro, la comprobación de los permisos y la aclaración de la situación jurídica del predio.
La pregunta central es sencilla: ¿Ariadna Ayala organiza ferias para beneficiar a comerciantes y la comunidad, o para beneficiar económicamente a quienes controlan los espacios de venta.
Todos merecen una respuesta documentada.
@FerMaldonadoMX
