Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
José Guillermo Valdez Luna no es nuevo en el Poder Judicial de Puebla. Ha recorrido juzgados, acumulado relaciones y sobrevivido a los cambios de grupo. En septiembre de 2022 fue nombrado juez penal en Tehuacán; hoy opera desde la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal.
Llegó al cargo impulsado por la vieja guardia judicial. Lo vendieron como una pieza de equilibrio frente al vacío que ha dejado Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura, quien parece haber convertido el “resuélvanlo conforme a derecho” en una elegante manera de no resolver nada.
Dato revelador: el anogado del ex secetario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor publucó un extenso artículo en La Jornada de Oriente en el que perfila al funcionario judicial: “… hasta esta fecha, el escollo que enfrenta Francisco se llama: Abogado José Guillermo Valdez Luna, juez en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado, quien, a casi año y medio de que le fuera pedida, por el Ministerio Público, la asignación del asunto al juez de control en turno, todavía no lo hace”.
Valdez Luna entendió rápido el nuevo tablero.
Quienes lo respaldaron esperaban interlocución. Encontraron una puerta cerrada. Quienes antes lo presentaban como propio ahora descubren que el juez ya no reconoce padrinos: sólo reconoce al poder que tiene enfrente… o al negocio que puede construir alrededor.
Su expediente público tampoco está limpio de controversias. La defensa del periodista Rodolfo Ruiz lo denunció por presunto abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, al cuestionar que realizará actuaciones jurisdiccionales mientras se encontraba comisionado en tareas administrativas. Después, un juzgado federal ordenó reponer parte del procedimiento. No existe una condena contra Valdez Luna, pero sí un episodio suficientemente serio para exigir explicaciones que nunca llegaron con claridad.
Dentro del Poder Judicial también se le identifica como cercano al grupo del magistrado Daniel Iván Cruz Luna. Resulta curioso: Pedro Antonio prometió combatir a la vieja guardia, pero terminó entregando espacios estratégicos a personajes vinculados con ella. La limpia acabó pareciéndose demasiado a una redistribución de oficinas.
En los pasillos judiciales circulan versiones sobre acuerdos entre ambas partes. También se habla de expedientes con enorme peso político y económico, entre ellos los relacionados con Olga Romero Garci-Crespo y el conflicto por la cuantiosa herencia de Socorro Romero en Tehuacán.
Incluso se mencionan ofrecimientos económicos para conseguir respaldo judicial. Por eso la pregunta resulta inevitable: ¿sabe el presidente lo que se negocia bajo su estructura o Guillermo ya aprendió a caminar solo? Una cosa es administrar juzgados y otra administrar intereses.
La nueva etapa del Poder Judicial prometía independencia, vigilancia y ruptura con las viejas prácticas. Lo que apareció fue algo distinto: una presudencia ausente, grupos reciclados y funcionarios que descubrieron que, cuando arriba nadie marca la línea, cualquiera puede dibujarla a su conveniencia.
Valdez Luna llegó como conciliador. Hoy parece más interesado en convertirse en factor de poder.
Y cuando un administrador comienza a sentirse dueño de la justicia, el problema ya no está en los expedientes: está sentado detrás del escritorio.
@FerMaldonadoMx
