Jat escribe por Jatzume Hernández Romero
La censura ha existido desde tiempos en los que expresar un pensamiento podía representar un riesgo. Sin embargo, censurar no necesariamente significa silenciar a alguien. También puede manifestarse en las consecuencias que una persona enfrenta por expresar aquello que resulta incómodo para otros.
La Constitución mexicana es clara: el artículo 6º protege la manifestación de las ideas y el derecho a la información, mientras que el artículo 7º establece que ninguna autoridad puede imponer censura previa ni restringir indirectamente la libertad de difusión.
Pero las leyes no siempre han sido suficientes para impedir que el poder intente controlar aquello que se dice sobre él.
Un ejemplo histórico lo encontramos durante el Porfiriato. Cuando Porfirio Díaz estaba en el poder, su gobierno utilizó diferentes mecanismos para reducir las críticas hacia su administración. Entre ellos estuvieron las presiones económicas, el control sobre las condiciones en las que se producía la prensa y la persecución de periodistas y publicaciones incómodas para el régimen.
Quienes persistieron en ejercer su libertad de expresión, como los hermanos Flores Magón, enfrentaron encarcelamientos, persecución y el cierre de periódicos en los que participaban, entre ellos Regeneración.
Este periódico comenzó como un medio dedicado a cuestionar los abusos del sistema judicial porfirista y, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un órgano de crítica social y política, vinculado posteriormente al pensamiento anarquista y al Partido Liberal Mexicano, además de funcionar como una herramienta de organización para obreros y campesinos antes de la Revolución Mexicana.
Antes se podía controlar la prensa mediante el acceso al papel, las subvenciones, el cierre de imprentas o el encarcelamiento de periodistas. Hoy los mecanismos son distintos, pero la discusión sobre cómo el poder puede condicionar el espacio público sigue vigente.
Con el paso de los años, la defensa de la libertad de expresión también generó organizaciones dedicadas a documentar y denunciar agresiones contra periodistas, como ARTICLE 19.
Esta organización ha documentado cómo las conferencias matutinas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtieron también en espacios de confrontación con periodistas y medios considerados críticos o adversarios de su administración, señalando casos en los que la exposición pública podía incrementar los riesgos para quienes ejercían el periodismo.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en febrero de 2024, cuando López Obrador exhibió públicamente el número telefónico de la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, después de la publicación de un reportaje relacionado con una investigación estadounidense.
Y aquí surge una pregunta incómoda:
¿Qué ocurre cuando desde el poder se construye públicamente la idea de que determinados periodistas o medios son enemigos?
Porque ahora el discurso ya no se limita a los medios de comunicación tradicionales. Con las redes sociales al alcance de prácticamente cualquier persona, un ciudadano puede grabar un video, cuestionar una decisión gubernamental, denunciar una situación o simplemente expresar su molestia.
Antes, para incomodar al poder era necesario tener una imprenta, un periódico o una estación de radio. Hoy basta un teléfono celular.
Y esto también ha cambiado la manera en que se responde a la crítica.
Porque una cosa es desmentir una información y otra muy diferente es desacreditar a quien la expresa.
El Estado tiene derecho a responder cuando considera que una información es falsa. Un gobierno no pierde su derecho de réplica porque exista libertad de expresión. Pero entonces surge otra pregunta:
¿Dónde termina el derecho de réplica y dónde comienza la estigmatización?
La discusión adquiere todavía mayor gravedad cuando observamos lo que ocurre con quienes ejercen el periodismo.
En México, la violencia contra periodistas y comunicadores se ha convertido en una de las amenazas más graves para la libertad de expresión. Y entonces la pregunta deja de ser únicamente si una persona puede hablar y pasa a ser otra mucho más preocupante:
¿Está haciendo el Estado lo suficiente para proteger a quienes ejercen la libertad de expresión?
Reporteros Sin Fronteras coloca a México en el lugar 122 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, mientras que en el indicador de seguridad el país ocupa el puesto 160. La organización también señala que más de 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 y que 28 permanecen desaparecidos.
Uno de los casos más recientes e impactantes es el de Roxana Berenice Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026, cuando hombres armados llegaron hasta su domicilio en Nanchital, Veracruz.
La investigación derivó posteriormente en la localización de sus restos y en la detención de personas presuntamente relacionadas con el crimen. El caso continúa generando cuestionamientos sobre la violencia contra periodistas y sobre la capacidad de las instituciones para prevenir este tipo de ataques y garantizar justicia.
Porque aunque existan investigaciones y detenidos, el hecho de que una periodista pueda ser sacada de su propia casa por hombres armados y posteriormente asesinada vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda:
¿Qué tan eficaz es realmente la protección que el Estado ofrece a quienes ejercen el periodismo?
Y quizá aquí es donde debemos detenernos.
¿Cómo puede una democracia hablar de transformación si quienes cuestionan al poder tienen que medir primero las consecuencias de hacerlo?
Pero tampoco podemos confundir crítica con verdad absoluta.
Un periodista puede equivocarse, un medio puede tener intereses y un influencer puede difundir información falsa. La libertad de expresión no convierte una mentira en verdad.
Lo que garantiza es algo mucho más importante: que la respuesta a esa mentira no sea el silencio impuesto, sino el debate, la evidencia, la crítica y el derecho de réplica.
Porque la libertad de expresión no debería defenderse únicamente cuando habla alguien que piensa como nosotros.
Debería defenderse, precisamente, cuando quien habla nos incomoda.
Porque si solamente queremos libertad para quienes están de nuestro lado, entonces no estamos defendiendo la libertad de expresión.
Estamos defendiendo nuestra propia ideología.
@Jatzume1
