Ecosistema digital escribe Carlos Miguel Ramos Linares
En México se inauguró esta semana la Semana de los Derechos Digitales 2026, un encuentro que —en papel— busca articular a legisladores, academia, empresas y sociedad civil para construir una ruta compartida hacia un futuro digital más seguro, incluyente y libre. El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales, destacó con plena razón que la conectividad por sí sola no garantiza bienestar: no sirve tener internet si no hay seguridad, justicia o igualdad para ejercer derechos cuando estamos en línea.
Este marco de reflexión se dio justo en torno al Día del Internet Seguro. Pero hay que preguntarse si las palabras, los discursos y las intenciones desembocarán realmente en políticas con dientes, o si terminarán como una serie de charlas y talleres que suenan bonitos, pero terminan siendo un catálogo de buenas intenciones en un país con desigualdades estructurales y avances tecnológicos desordenados.
Colosio apuntó a temas indiscutiblemente relevantes: ciberseguridad centrada en la persona, gobernanza de inteligencia artificial con enfoque de derechos, cierre de brechas y protección de datos. También mencionó la obligación de garantizar que medidas de alcance nacional —como la Clave Única de Registro de Población Biométrica y la vinculación de líneas móviles con usuarios identificados— respeten la privacidad, la transparencia y los estándares internacionales. Esto es correcto, pero la experiencia reciente evidencia que sin marcos jurídicos, mecanismos de supervisión independientes y contrapesos democráticos sólidos, esas garantías son papel mojado ante la dinámica del poder tecnológico.
Conviene recordar que en 2024 más del 83 % de la población mayor de seis años ya usó internet, y que 73 % de hogares cuentan con acceso. Pero en las zonas rurales y comunidades marginadas ese acceso sigue rezagado. Que la brecha digital sea una tarea de justicia social no es una metáfora: es una realidad que limita la educación, la inclusión económica y la participación política de millones. Hablar de conectividad sin hablar de justicia social es como hablar de salud sin garantizar hospitales.
Pero más allá de la conectividad, está la gobernanza de datos y algoritmos que ya afectan vidas: decisiones automatizadas, perfiles digitales, vigilancia estatal y privada, sesgos en IA y, en el caso mexicano, iniciativas como el registro de líneas telefónicas que han sido criticadas por organizaciones defensoras de derechos digitales por su falta de base probatoria y riesgos de abuso. Si la protección de datos no se convierte en ley robusta, con un órgano autónomo que realmente sancione malas prácticas, cualquier discurso sobre derechos digitales quedará en retórica.
La semana de los derechos digitales tiene eventos valiosos: mesas redondas sobre retos en telecomunicaciones y protección de datos, talleres de inclusión, cine debates y presentaciones académicas. Pero la pregunta clave es ¿qué pasa después? ¿Dejarán un paquete de recomendaciones, una agenda legislativa con cronogramas claros y mecanismos de evaluación independientes? O será, nuevamente, un ejercicio de discursos bien empaquetados sin compromiso real de implementación.
El presidente de la Comisión de Economía señaló que no se puede hablar de desarrollo sin entorno digital y sin derechos. Es cierto. Pero para que ese entorno digital sea productivo y libre, requiere políticas que nazcan no de la improvisación ni de la presión de intereses corporativos o electorales, sino de la deliberación pública, la evidencia empírica y la protección irrestricta de derechos humanos.
Los derechos digitales no deben ser un adorno retórico de la política pública: son una condición indispensable para la democracia, la igualdad y la dignidad humana en la era digital. Cerrar la brecha digital, proteger datos, regular con criterios de derechos y garantizar acceso seguro no es opcional: es una obligación ineludible si México pretende construir un futuro justo y equitativo para todas y todos.
@cm_ramoslinares
