Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
Los casos de violencia en contra de las mujeres suceden porque se puede, aún en medio de la voluntad institucional por poner freno a violentadores, acosadores y machines. Y no deja de sorprender porque el modelo de persecución de los delitos en razón de género y la aplicación de justicia funcionan en el papel, pero no en la práctica.
Si el camino al inferno está lleno de buenas voluntades, es en mandos medios y funcionarios de medio pelo quienes en donde se puede detectar que el esfuerzo en materia de política pública para contener la violencia en sus diversas modalidades contra la mujer encuentra cuello de botella.
En Puebla no hay excepción, sino confirmación de la regla que prevalece aún con un sistema patriarcal que se supone en fase terminal. El caso de la joven madre de un niño de dos años de edad, Fernanda Motta encuadra en ese sistema de operación podrido en el aparato de justicia que funciona a partir del dinero.
Víctima de una golpiza que un esposo crecido en el seno de una familia con un patrón de violencia, se convirtió en indiciada porque según funcionarios de la Fiscalía General del Estado, sufrió un rasguño de Fernanda con su 1.50 de estaturo frente a un orangután de casi 1.90 y 120 kilos de peso. No es broma, sino el reflejo de un modelo de investigación que favorece a quien puede pagar.
Fernanda Motta, sin proponérselo, vive un calvario idéntico al que padeció September Vélez, otra joven madre de dos jóvenes que en mayo de 2025 denunció en redes la violencia física a manos de su pareja y la sustracción de sus dos hijos. El caso se resolvió para bien de la víctima y de los niños.
Un elemento une el caso de Fernanda Motta con el de September Vélez, sobre el que debería poner especial atención la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt: Kaen Velazco Elizabet Ortiz, agente del Ministerio Público que tuvo sobre sus manos los elementos probatorios de la violencia ejercida; aún así, integró con sorprendente celeridad las carpetas de investigación en contra de las víctimas para ejercitar acción penal y arrebatarles a sus respectivos hijos.
En la historia de September Vélez debió intervenir el gobierno federal a través de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández y en Puebla, de Yadira Lira, el violentador se quedó en la cárcel, pero en el caso de Fernanda Motta no hay aún atisbo de apoyo institucional.
No solo la agente del Ministerio Público debería ser objeto de investigación en momentos en que la FGE vive una limpia de corrupción, sino otros personajes clave como la juez de oralidad familiar, Antonio Inés Morales Palacios el juez juez David Rodríguez González, por la evidente parcialidad que tiene libre, sin culpa a un personaje que reúne todo el perfil de un depredador: respaldado por una familia con solvencia económica y que demás, presenció el momento de la agresión y sustracción del niño.
Todos estos funcionarios, personajes de reparto son los responsables de que el esfuerzo para implementar políticas públicas que tutelen derechos de mujeres y hombres por igual parezca una mala puesta en escena con un final previsible y condenable: privilegiar a quien tiene dinero para comprar investigadores y jueces.
@FerMaldonadoMX
