Congreso obligará a la empresa a rendir cuentas
La concesión de Agua de Puebla continuará vigente debido a los candados legales con los que fue otorgada en 2013; sin embargo, el Congreso del Estado aseguró que la empresa ya no opera sin supervisión y ahora está obligada a responder por las deficiencias en el servicio.
Y es que la diputada Lupita Vargas explicó que el título de concesión fue diseñado para que fuera prácticamente imposible cancelarlo de manera unilateral. Señaló que quienes hoy exigen retirar el contrato deben recordar que fue en 2013 cuando se entregó a la iniciativa privada bajo condiciones que favorecieron a la empresa y limitaron la capacidad del gobierno para revocarlo.
Por ello, indicó que la estrategia del gobierno encabezado por Alejandro Armenta y de la actual Legislatura no ha sido cancelar la concesión, sino hacer valer las obligaciones establecidas en el contrato y exigir resultados a la empresa.
La legisladora destacó que, a diferencia de años anteriores, el Congreso abrió un canal de comunicación y supervisión con Agua de Puebla, permitiendo que sus directivos comparezcan y expliquen el estado del servicio que ofrecen a los habitantes de la zona metropolitana.
Precisó que el título de concesión obliga a la empresa a cumplir 31 indicadores de desempeño relacionados con el abastecimiento de agua, el funcionamiento del drenaje, el saneamiento y la atención a los usuarios. Además, aseguró que esos mecanismos de evaluación se han fortalecido con nuevas sanciones y penas convencionales para castigar posibles incumplimientos.
Lupita Vargas informó que, tras su comparecencia ante el Congreso, Agua de Puebla dispone de 72 horas para entregar la información solicitada por los diputados, la cual será analizada para verificar si la empresa está cumpliendo con las obligaciones establecidas en el contrato.
La diputada reiteró que el principal objetivo es que la concesionaria mejore el servicio y responda a las quejas ciudadanas por el desabasto de agua, las fallas en el drenaje y los problemas de saneamiento.
Es importante señalar que el mismo gobernador Armenta ha reconocido que cancelar la concesión no es viable en el corto plazo, ya que el estado tendría que pagar una indemnización millonaria debido a los candados legales del contrato. Por ello, la ruta elegida por el gobierno estatal es reforzar la supervisión y obligar a la empresa a cumplir con las condiciones bajo las que opera.
