Presentará el informe de la Cuenta Pública 2024 el 30 de abril
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Germán Reyna y Herrero, informó que será el próximo 30 de abril cuando se presente el informe de la Cuenta Pública 2024, documento que permitirá evaluar con mayor profundidad el estado que guarda el órgano de fiscalización tras su llegada en enero de este año.
Ante medios de comunicación, el auditor adelantó que, aunque aún no se cuenta con un balance final, ya se trabaja en la construcción de un informe ciudadano con enfoque en transparencia, con el objetivo de hacer más accesible la información para la población. Señaló que será hasta la entrega de dicho documento cuando se pueda realizar una valoración integral de resultados.
Reyna y Herrero anunció que como parte de su Plan Estratégico 2026-2033 se contempla la implementación de una plataforma digital de denuncias ciudadanas, la cual permitirá a la población presentar reportes de manera remota. Con esta herramienta, dijo, se busca agilizar los procesos de fiscalización y facilitar el acceso a quienes no pueden acudir de manera presencial a la ASE.
Respecto al estado actual de la ASE, Reyna y Herrero reveló que hasta el momento existen seis denuncias concluidas y ocho más en proceso, derivadas de distintas entidades fiscalizadas. No obstante, puntualizó que alrededor del 50 por ciento de estas denuncias no corresponden a la competencia directa de la Auditoría, por lo que han sido canalizadas a los órganos internos de control.
En otro tema, el auditor confirmó que las camionetas de lujo adquiridas durante la gestión de su antecesora, Amanda Gómez Nava, no están siendo utilizadas actualmente. Indicó que estas unidades, entre ellas dos camionetas blindadas, permanecen bajo resguardo y se analiza su posible reasignación a otras dependencias estatales.
Detalló que una de las unidades, una Chevrolet Tahoe con blindaje nivel III Plus, se encuentra en revisión mecánica antes de ser entregada a la Fiscalía para su uso en áreas de alto riesgo. Esta camioneta tuvo un costo cercano a los 2.9 millones de pesos y fue adquirida mediante adjudicación directa, lo que ha generado señalamientos por presuntas irregularidades administrativas.
De acuerdo con información presentada ante el Congreso del Estado, la compra de estos vehículos no cumplió con diversos requisitos legales, como la justificación de excepción a licitación pública y documentación sobre su resguardo, por lo que forma parte de una investigación en curso.
A pesar de ello, el gobierno estatal ha señalado que se busca dar utilidad a estos bienes públicos mientras continúan las indagatorias correspondientes.
