Exige Gobierno de Puebla a la concesionaria garantizar suministro
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, advirtió que su administración actuará con estricto apego a la ley para exigir a la concesionaria Agua de Puebla que garantice el suministro suficiente y de calidad en todas las colonias de la entidad.
El mandatario instruyó al coordinador de gabinete, José Luis García Parra, y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a emprender acciones legales contra la empresa, ante los constantes señalamientos por deficiencias en el servicio, esto tras haber anunciado en días pasados que se haría una revisión a la empresa consecionaria ante la demanda ciudadana.
Armenta subrayó que el acceso al agua es un derecho humano constitucional, por lo que la concesionaria está obligada a garantizar condiciones suficientes, salubres y accesibles para la población.
“El agua no es una mercancía”, enfatizó.
El gobernador también recordó que la concesión del servicio de agua fue otorgada en administraciones pasadas, lo que dijo, derivó en problemáticas actuales. No obstante, aclaró que la cancelación del contrato implicaría un proceso jurídico complejo y prolongado, por lo que su gobierno optará por exigir el cumplimiento inmediato de las obligaciones de la empresa mientras se desarrollan las vías legales correspondientes.
Por su parte, García Parra informó que el gobierno estatal ya cuenta con un diagnóstico preliminar que identifica diversos incumplimientos por parte de la concesionaria, entre ellos fallas en el plan de inversión, desviaciones en los estándares de desempeño y omisiones administrativas.
El funcionario adelantó que en los próximos días iniciarán mesas de trabajo con la empresa, con el objetivo de mejorar el servicio sin recurrir, en primera instancia, a litigios prolongados.
“Lo que buscamos es garantizar agua de calidad para los poblanos”, afirmó.
Finalmente, el coordinador de gabinete señaló que, aunque se han detectado irregularidades importantes, será en un segundo momento cuando se den a conocer los montos correspondientes a estos incumplimientos.
El gobierno estatal reiteró que su prioridad es garantizar el derecho al agua para la población, por encima de cualquier interés particular.
