Refuerzan seguridad en Puebla con 111 nuevas unidades y estrategia aérea
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de 111 vehículos destinados a fortalecer las tareas de seguridad pública en 14 municipios del estado, con una inversión superior a 57 millones de pesos provenientes de recursos federales.
Durante el acto, el mandatario subrayó la importancia de dotar de herramientas a las corporaciones encargadas de combatir la delincuencia, destacando el papel de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Puebla.
De acuerdo con el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Miguel Cruz García, estas unidades permitirán mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia.
El desglose de la entrega contempla 37 vehículos para la Fiscalía General del Estado, nueve para la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, 46 moto patrullas para la Subsecretaría de Coordinación Policial y cinco unidades para la Universidad de las Ciencias Policiales.
El titular de la dependencia de seguridad estatal, Francisco Sánchez González, señaló que este equipamiento contribuirá a fortalecer la prevención del delito, así como la atención inmediata a la ciudadanía.
Por su parte, la fiscal general, Idamis Pastor, destacó que esta entrega representa un avance significativo para la institución, luego de varios años sin recibir nuevas unidades, y precisó que se trata de la segunda dotación durante la actual administración.
En su mensaje, el gobernador reiteró que la seguridad es una prioridad de su gobierno y llamó a los servidores públicos a conducirse con transparencia. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede denunciar irregularidades en el servicio público.
Como parte de la estrategia integral, Armenta informó la incorporación de dos helicópteros para operativos aéreos, los cuales operan en coordinación con drones y ya han permitido la detención de presuntos delincuentes.
Finalmente, adelantó que se emitió una carta dirigida a dependencias públicas con el objetivo de combatir prácticas como la corrupción y la extorsión, reforzando así el compromiso de su administración con la legalidad y la rendición de cuentas.
