En la antesala de 2027, vuelve el ex alcalde a la polémica
El futuro político de Eduardo Rivera Pérez podría verse comprometido luego de que se diera a conocer una posible inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos, además de una multa de 15 millones de pesos por un presunto abuso de funciones durante su administración como presidente municipal de Puebla.
Ante este escenario, el panista acusó que existe una persecución política en su contra y puso en duda que el procedimiento sea ajeno a los intereses electorales que comienzan a moverse rumbo a 2027.
Y es que, de acuerdo con los señalamientos relacionados con la revisión de su administración, la Auditoría Superior del Estado (ASE) habría detectado presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Por este caso también se contempla una sanción contra Bernardo Arrubarrena García, ex secretario de Administración municipal, quien podría recibir 10 años de inhabilitación y una multa de 10.5 millones de pesos.
Las observaciones están relacionadas con el manejo de recursos públicos de los ejercicios fiscales 2022 y 2023, así como con posibles inconsistencias en transferencias, gastos y contratos de obra pública. Entre los asuntos cuestionados también se encuentra la rehabilitación de la avenida Juárez, donde se reportaron daños en el adoquín e inundaciones durante la temporada de lluvias.
Sin embargo, Rivera Pérez rechazó los señalamientos y sostuvo que la resolución que recibió no es definitiva. Aseguró que no se le acusa de un mal manejo de recursos públicos, sino de un supuesto abuso de funciones que, afirmó, no fue acreditado y del que tampoco existe una acción que pueda atribuirse directamente a su persona.
A través de un posicionamiento público, el ex edil panista sostuvo que su administración actuó conforme a la ley y calificó como injusta la intención de imponerle una multa y una inhabilitación.
Rivera consideró sospechoso que el procedimiento se dé justo cuando comienza a calentarse el ambiente político rumbo a las elecciones de 2027, por lo que dejó entrever que detrás de los señalamientos podría existir una motivación política para frenar su participación en los próximos escenarios electorales.
Incluso, relacionó este caso con una actuación de la Contraloría Municipal ocurrida en mayo pasado, al señalar que ambos episodios podrían formar parte de una serie de acciones en su contra.
El ex presidente municipal adelantó que impugnará la resolución ante las instancias correspondientes y aseguró que no permitirá que se vulneren sus derechos. También exigió un proceso justo, imparcial y sin intereses políticos.
