En un año, cerró 71% de los expedientes sin resoluciones de fondo
La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, presentó su comparecencia ante el Congreso del Estado de Puebla para rendir cuentas tras completar el primer año de su gestión. Fue en ese foro donde se dieron a conocer las cifras sobre atención de quejas, resoluciones emitidas y el desempeño general del organismo en materia de protección y defensa de los derechos humanos en la entidad.
Durante el primer año de gestión, la CDH Puebla, recibió 8 mil 563 quejas, pero únicamente emitió 18 recomendaciones públicas contra autoridades, lo que representa apenas el 0.21% del total.
De acuerdo con el informe presentado al Congreso del Estado, el organismo cerró 71% de los expedientes sin resoluciones de fondo, lo que evidencia una débil fiscalización a las autoridades señaladas por violaciones a derechos humanos.
Uno de los datos más preocupantes es que 4,992 expedientes fueron cerrados “durante el trámite”, sin que se explicara si hubo reparación del daño o responsabilidades para los funcionarios involucrados. Esta figura permite archivar quejas sin consecuencias institucionales claras.
Además, de los 6,091 expedientes concluidos, muchos se cerraron por causas administrativas como desistimiento, falta de interés o no ratificación, lo que podría reflejar desconfianza de las víctimas en la efectividad del organismo.
En todo el año, la CDH solo emitió 40 resoluciones formales: 18 recomendaciones y 22 conciliaciones. El resto de las quejas no derivaron en señalamientos públicos ni en mecanismos verificables de reparación.
Aunque la presidenta del organismo defendió la conciliación como una vía menos desgastante para las víctimas, especialistas advierten que este mecanismo evita el escrutinio público y protege a las autoridades señaladas.
En materia penitenciaria, la CEDH mantiene 32 expedientes abiertos por posibles casos de tortura, sin que se reporten recomendaciones que hayan generado cambios sustanciales, pese a realizar 139 visitas a centros de reclusión.
Finalmente, el organismo reconoce un rezago del 22% de quejas en trámite, mientras presume actividades de capacitación y convenios sin presentar indicadores que demuestren su impacto real en la reducción de violaciones a derechos humanos.
