Denunció que colectivos no representan a toda la población, sino a un grupo con otros intereses
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Puebla, Leobardo Soto Martínez, aseguró que detrás de las protestas contra la instalación y operación del Polo de Economía Circular en San José Chiapa existe el presunto respaldo de grupos delictivos que buscan frenar el desarrollo económico de la región.
Acompañado por habitantes de San José Chiapa y Nopalucan, el líder afirmó que los colectivos que desde hace meses mantienen manifestaciones, bloqueos y acciones de presión contra el proyecto industrial no representan a toda la población, sino a un grupo que, dijo, actúa bajo el argumento de la defensa del medio ambiente, pero con otros intereses.
Soto Martínez sostuvo que, de acuerdo con testimonios de pobladores, estas personas han incurrido en actos de intimidación y agresiones contra trabajadores y ciudadanos que apoyan la operación de la recicladora, al considerar que la empresa traerá nuevas fuentes de empleo e impulsará la economía de la zona.
Aseguró que las denuncias ciudadanas apuntan a que grupos delincuenciales estarían brindando apoyo a los opositores del proyecto con el objetivo de mantener el control de la región e impedir la llegada de nuevas inversiones.
Además, acusó una presunta colusión de autoridades municipales con dichos grupos, situación que, dijo, ha generado un clima de inseguridad e incertidumbre entre los habitantes de San José Chiapa.
"Los grupos delincuenciales están apoyando a quienes buscan impedir el progreso económico de San José Chiapa", afirmó Leobardo Soto, al insistir en que el conflicto va más allá de una inconformidad ambiental y responde a intereses ajenos al bienestar de la comunidad.
Ante este panorama, hizo un llamado al gobernador Alejandro Armenta Mier y al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, para que intervengan, investiguen las denuncias sobre la presunta presencia de grupos criminales y garanticen condiciones de seguridad para la población, así como el desarrollo del proyecto dentro del marco legal.
Por su parte, los habitantes que respaldaron al dirigente sindical pidieron al Gobierno del Estado atender el conflicto para evitar nuevos actos de violencia o intimidación y que cualquier diferencia en torno al proyecto industrial se resuelva mediante el diálogo y las instituciones correspondientes.
