Reprueban vulneración del principio de confidencialidad
La Fiscalía General de la República, a través de su vocero Ulises Lara, confirmó el inicio de Investigaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios de Sinaloa, ante acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, reclamaron la vulneración del principio de confidencialidad lo que podría ser en detrimento de la naturaleza de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan, además remarcaron que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito y precisa que en dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.
La Fiscalía General de la República aclaró que en éste, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.
Detallaron que es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Por otra parte, la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.
