El derecho a la propiedad privada es condición para la inversión en infraestructura de movilidad
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla se posicionó respecto a la construcción del sistema Cablebús, al considerar que el respeto irrestricto a la propiedad privada y la certeza jurídica son condiciones indispensables para el desarrollo económico y social, la generación de confianza, la inversión y la construcción de un mejor futuro para Puebla.
“La expropiación es una figura reconocida por nuestra Constitución; sin embargo, precisamente por tratarse de una facultad extraordinaria del Estado que puede afectar el patrimonio de una persona, su ejercicio exige el más estricto cumplimiento de la ley. La existencia de una causa de utilidad pública no significa que cualquier afectación a la propiedad quede automáticamente justificada”, señaló en un comunicado.
Por ello, comentó que corresponde a la autoridad fundar y motivar la necesidad de afectar un inmueble determinado, justificar la superficie requerida, acreditar que la medida es necesaria y proporcional, garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso, valorar alternativas que representen una menor afectación y asegurar una indemnización justa, oportuna y conforme a derecho.
De esta forma, resaltó que las personas propietarias deben recibir información completa y suficiente sobre el proyecto de transporte por cable, la causa específica de utilidad pública, la superficie que se pretende afectar, el procedimiento aplicable, los criterios de valuación y los mecanismos disponibles para presentar pruebas, manifestar lo que a su derecho convenga y, en su caso, impugnar las decisiones de la autoridad.
“Desde COPARMEX Puebla hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que cualquier eventual procedimiento relacionado con la expropiación se evite y / o en su caso se conduzca con máxima transparencia, apertura al diálogo y absoluta certeza jurídica. Las personas afectadas deben conocer las razones, los estudios y los elementos que sustentan la decisión de la autoridad, así como contar con las condiciones necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa”, expresó el organismo dirigido por Beatriz Camacho.
También, consideraron necesario que exista una comunicación institucional clara, permanente y verificable con las comunidades, propietarios, comerciantes y demás sectores que pudieran verse involucrados.
Igualmente, acotaron que la participación y el diálogo no deben entenderse como obstáculos para la ejecución de una obra, sino como herramientas para prevenir conflictos, mejorar las decisiones públicas y construir legitimidad social. La certeza jurídica también exige que los proyectos públicos se conduzcan con responsabilidad presupuestal, transparencia en la contratación, rendición de cuentas y mecanismos eficaces para prevenir actos de corrupción.
Y es que, agregaron, cada peso destinado a infraestructura debe traducirse en beneficios verificables para la sociedad y estar sujeto a controles que garanticen su uso adecuado. En este contexto, reconocemos que la movilidad es un derecho humano y una condición indispensable para el desarrollo económico, la productividad y la calidad de vida de las personas.
“Invertir en infraestructura de transporte que permita a trabajadores, estudiantes y familias trasladarse de manera más segura, eficiente y digna puede generar beneficios importantes para Puebla. Por ello, consideramos que el análisis del proyecto del Cablebús debe partir de información objetiva y pública, evaluando su viabilidad técnica y financiera, la demanda estimada, los costos de operación y mantenimiento, las alternativas existentes, su integración al Sistema Integral de Movilidad y, sobre todo, los resultados que pueda generar para las personas. La inversión pública debe responder a una planeación integral, contar con indicadores de cumplimiento y demostrar que representa la mejor alternativa para atender las necesidades de movilidad de la población. Defender la propiedad privada no significa estar en contra de la inversión pública, significa defender el Estado de derecho, la certeza jurídica y el respeto a los derechos de las personas como condiciones indispensables para generar confianza, inversión y desarrollo”, refirió el Centro Empresarial de Puebla.
Para el sector empresarial es especialmente relevante, añadió la cúpula patronal, ya que la inversión necesita infraestructura, pero también certeza, pues quien invierte, genera empleo o construye patrimonio necesita tener la confianza de que existen reglas claras, instituciones sólidas y procedimientos que protegen sus derechos.
Por ello, el análisis del proyecto de transporte por cable debe contemplar ambas dimensiones: que la inversión demuestre su utilidad social y económica y que cada acto de autoridad necesario para llevarla a cabo cumpla plenamente con la Constitución, las leyes aplicables y los principios de legalidad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Ante esto, el Estado debe garantizar el derecho a la movilidad y, al mismo tiempo, asegurar el respeto a la propiedad privada, la certeza jurídica y el Estado de Derecho. No son objetivos contrapuestos: juntos construyen confianza, competitividad y bien común.
“Desde COPARMEX Puebla reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la colaboración con las autoridades, la academia y la sociedad para que las decisiones en materia de transporte por cable se construyan con sustento técnico, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, transparencia, respeto a los derechos de las personas y una visión de largo plazo para el desarrollo de Puebla”, concluyó.
