Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
En días recientes, Olga Romero Garci Crespo, su hijo regidor, Armando Zavaleta Moreno y el hijo que presume como coordinador, Francisco Javier, han estado muy activos en redes sociales.
No precisamente mostrando trabajo, tampoco resultados. Se les ve desde la reacción, en pleno compló; en posición de burla; confrontan a todo aquel que se atreve a cuestionarlos.
Como si la crítica política fuera una ofensa personal y no una consecuencia inevitable de vivir del poder, ocupar cargos públicos y pretender aparecer todos los días en la fotografía, viviendo la dolce vita.
Es entendible: a nadie le gusta el golpe. Pero quien entra a la política debería aprender, resistirlo, capotearlo. No es el caso, la reacción exhibe la novatez.
La crítica puede ser ligera o despiadada. Puede ser incómoda, injusta o demoledora. Pero existe porque en sus manos hay responsabilidades públicas y porque, cuando no aparecen los resultados, aparecen las preguntas. Eso se llama libertad de expresión.
El problema es que la familia Romero parece preferir otra estrategia: desacreditar periodistas, confrontar ciudadanos y hostigar activistas que documentan o cuestionan los yerros, excesos, frivolidades públicas.
En Tehuacán circulan además señalamientos sobre intentos de comprar silencios, ofrecer espacios dentro del Ayuntamiento o entregar cantidades menores a medios para domesticar su línea editorial.
De comprobarse, no sería comunicación política. Sería censura financiada, a billetazos.
Quieren medios baratos, aplausos permanentes y una ciudad donde solamente se publique lo que favorezca a Olga Romero, al regidor y al coordinador de mamá.
Pero la libertad de expresión no funciona por encargo.
También existe el derecho de réplica. Existen documentos, aclaraciones y pruebas. Quien considera falsa una publicación puede responder con argumentos.
Lo que no puede hacer es convertir la crítica en amenaza; ni la discrepancia en persecución.
Mucho menos en un estado golpeado nuevamente por el asesinato de un periodista.
Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio; organizaciones defensoras de la prensa han exigido investigar su labor periodística como una posible línea del crimen, pero hasta ahora no existe una conclusión pública sobre el móvil.
Por eso cada insulto, cada presión y cada intento de intimidación adquieren otra dimensión.
La familia Romero podría resultar afectada, y es posible que reaccione, presente pruebas o ejerza presión.
Lo que no puede pretender, sin embargo, es imponer el silencio.
No conseguirá la familia la pretensión de hacer vivir con temor.
El poder, trasciende. Los cargos terminan. Las amenazas quedarán registradas. La crítica, por su parte, no se compra ni se calla.
PREGUNTAS AL AIRE:
¿Quiénes son los supuestos empresarios que se reúnen en el restaurante de la presidenta de Morena, con señalamientos de la fiscalía del estado por sus presuntos actos delictivos en Tehuacán?
¿Son las nuevas alianzas del partido para llegar a la presidencia?
Uff.
@FerMaldonadoMX
