Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Hay casos judiciales que no solo se litigan en tribunales. Se ensucian en los pasillos. El caso de los hermanos Orea vuelve a colocarse en ese terreno peligroso. La justicia, la política y viejas redes de poder se cruzan de nuevo. Cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser ¿qué dice la carpeta?, sino ¿quién quiere meter mano?
Martha Isabel Orea líder de un grupo delictivo conocido como “Los Orea” enfrenta dos causas penales por homicidio. La causa 250/2024 de Tepeaca, por homicidio calificado en contra de su sobrino. El juez Francisco Javier Martínez Castillo autorizó un sobreseimiento derivado de un auto de vinculación a proceso y ordenó su libertad. Es la causa más delicada.
La segunda, la 313/2025 en San Martín Texmelucan, también por homicidio por la muerte de su esposo, a quien desconectó de un respirador artificial mientras convalecía herido. Se activó cuando Martha Isabel estaba por recuperar su libertad en el primer asunto. Al salir de una carpeta, le fue cumplimentada otra orden.
En los pasillos judiciales se habla de presiones, intervenciones indebidas y de un nombre que no debería estar cerca de ninguna causa penal de alto impacto: Ricardo Velázquez Cruz, magistrado, exconsejero jurídico del gobierno de Miguel Barbosa que ha sobrevivido a demasiados gobiernos, demasiadas lealtades y demasiadas sospechas.
No es un personaje menor. Su nombre ha pasado por distintos momentos del poder poblano. Se le ha señalado de haber traicionado a Mario Marín, de haberse acomodado con el morenovallismo, de haber servido al barbosismo y de haber operado carpetas y asuntos jurídicos desde la Consejería Jurídica.
Son acusaciones que lo han perseguido durante años. Su sombra aparece de nuevo.
La versión que corre entre abogados y operadores judiciales es que Velázquez estaría interesado en incidir en el caso de los Orea, presionando para orientar resoluciones y brincar cauces institucionales. El asunto es delicado porque no se trata de una disputa menor: Es homicidio y hay víctimas. Una causa penal que no puede convertirse en moneda de cambio, ni en favor de pasillo.
El recuerdo inmediato es inevitable: el caso Forcelledo.
Ahí también se habló de presiones, maniobras, decisiones inexplicables y una justicia que parecía más vulnerable al empujón político que al expediente. Ese precedente dejó una lección que nadie puede ignorar: cuando un asunto penal se contamina por influencias, la institución entera paga el costo.
Por eso el caso Orea debe mirarse con lupa, no basta con resolver, sino resolver limpiamente. Sin llamadas, operadores, exconsejeros ni magistrados.
El nombre de Ricardo Velázquez aparece también en otro frente que explica mucho de su estilo de operación: el conflicto alrededor de Socorro Romero Sánchez. Durante años, el expediente de la actual dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, avanzó en medio de señalamientos de uso político de instituciones, presiones judiciales y tráfico de influencias heredado del barbosismo.
En ese entramado, Velázquez ha sido señalado como uno de los operadores que habría ayudado a dar forma a carpetas y rutas jurídicas al servicio de intereses políticos y personales. El patrón se repetie. Ayer presuntamente, para ayudar a Olga Romero; hoy para favorecer a los Orea.
Es el problema de los operadores judiciales del viejo régimen: no creen en la justicia, sino en el expediente como herramienta. No ven tribunales, ven palancas; tampoco jueces, sino piezas en el tablero de juego; en donde hay víctimas, ven oportunidades. Eso debe preocupar al Consejo de la Judicatura, en la Fiscalía y al Tribunal.
El mensaje tendría que ser claro: ninguna causa penal puede resolverse por presión política. El gobierno de Puebla ha empeñado la palabra y así deberá ser.
Sobre todo, al tratarse de un caso como el que se asienta en la causa 250/2024 de Tepeaca. Ahí está el antecedente incómodo, la resolución cuestionada del juez Francisco Javier Martínez Castillo. Ahí está el punto donde se debe revisar: si el sobreseimiento y la libertad se sostienen jurídicamente o si fueron producto de una interpretación débil, complaciente o políticamente contaminada.
La de San Martín Texmelucan (313/2025) tampoco puede quedar en la sombra. Si existe vinculación a proceso, si hay datos de prueba y si el caso está por resolverse en apelación, lo único aceptable es que se revise conforme a derecho. No conforme a llamadas o el peso de un magiatrado. No conforme a la nostalgia de un exconsejero jurídico que todavía cree que puede operar a su complacencia.
En los pasillos del poder judicial se dice que ya hubo línea. Que ya hubo intentos de orientar. Que ya hubo resistencias. Que Velázquez quiere brincar a quienes deberían conducir institucionalmente el asunto. Si eso es falso, que se aclare; si eso es cierto, que se investigue.
@FerMaldonadoMX
