Monina puso la justicia en banquillo

Monina puso la justicia en banquillo
Fernando Maldonado
Parabólica

Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado

El caso Tehuacán volvió a exhibir viejos vicios del sistema de impartición de justicia. Plagado de imperfecciones, muestra una resistencia a prueba de discursos y compromisos, incluso los de purificación de la 4T.

Una mujer murió antes de conocer la resolución de su amparo. Una acusación por fraude avanzó cuando la acción penal ya estaba prescrita. Y las instituciones de Puebla necesitaron que la justicia federal les recordara que una disputa por una herencia no permite estirar la ley a conveniencia.

En el centro aparece otra vez Olga Lucía Romero Garci-Crespo, Monina, cuyo pleito por la sucesión de Socorro Romero Sánchez terminó exhibiendo mucho más que las fracturas de una familia: una Fiscalía cuestionada por sus imputaciones, movimientos de jueces bajo sospecha y señalamientos de interferencia administrativa en decisiones judiciales.

La sentencia federal del 11 de noviembre de 2026, correspondiente a los amparos 515/2026 y 516/2026 acumulados, dejó al descubierto el problema principal: la acción penal por fraude genérico contra Miguel Ángel Celis Romero estaba prescrita.

Los hechos se remontaban a 2009 y 2010. La resolución identificó antecedentes de conocimiento de Olga Romero desde 2013 y su aceptación del cargo de albacea en julio de 2016. Sin embargo, presentó la querella hasta septiembre de 2025.

La Fiscalía tenía esos antecedentes. Aun así, sostuvo una imputación que pretendía extender la conducta hasta abril de 2025. El juzgado federal rechazó el argumento: incluso tomando como referencia el dictamen pericial de septiembre de 2021 utilizado por el juez local, la querella resultaba extemporánea.

La orden fue dejar insubsistente la vinculación, reconocer la prescripción y dictar la no vinculación a proceso. Esa resolución se refiere a Miguel Ángel; su alcance no debe confundirse con una decisión sobre la titularidad de la herencia. Lo que exhibe es grave: una persecución penal que avanzó sin superar una cuestión elemental de temporalidad.

Idamis Pastor tiene que explicar por qué la Fiscalía llegó tan lejos con una acusación presentada tan tarde.

Pero el expediente también conduce hacia la administración judicial. Bajo la presidencia de Pedro Antonio Martínez Hernández, autollamado “niño genio”, se realizaron cambios de adscripción en Tehuacán. Entre ellos aparecen Francisco Javier Orozco Treviño y Marco Antonio Tenna Lázaro, acusados de señalamientos de dejar de convenir a Monina.

La explicación de esos movimientos no puede quedarse en el trámite burocrático. Está de por medio la independencia de quienes resolvían asuntos de esa familia.

Los señalamientos también alcanzan a José Guillermo Valdez Luna, quien ocupó la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución, y a Marisol Mora Pérez, identificada como administradora de oralidad penal en Tehuacán. Se les ha relacionado con presuntas comunicaciones y presiones sobre decisiones jurisdiccionales. Alrededor del conflicto aparecen, además, acusaciones de exigencias económicas y ofrecimientos de beneficios políticos o patrimoniales.

Un administrador organiza el funcionamiento de los juzgados. No tiene atribuciones para dictar sentencias por conducto de terceros.

La actuación de Orozco merece distinguirse. Cuando Estela Romero Bringas, de 85 años, llegó al procedimiento en silla de ruedas y dependiente de oxígeno, el juez ordenó atender sus necesidades médicas y permitió que lo enfrentara desde su domicilio. Su intervención protegió algo que el litigio parecía haber relegado: la salud de la detenida.

El cateo para aprehenderla se autorizó el 9 de abril de 2026; al día siguiente se calificó de legal su detención y el 15 fue vinculada a proceso. La familia denunció afectaciones por la interrupción de sus cuidados. Estela murió el 26 de septiembre, sin que se resolviera de fondo su amparo.

En ese episodio aparece una contradicción reveladora. Según personas involucradas en el caso, el equipo jurídico de Alfonso Celis Enecoiz intervino para facilitar que su abuela permaneciera en casa. La ayuda llegó del nieto enfrentado patrimonialmente con Miguel Ángel, mientras las diferencias entre las distintas defensas complicaban una solución centrada en Estela.

Los mismos testimonios atribuyen a ese equipo participación en las gestiones jurídicas vinculadas con la resolución federal más reciente. Defender su patrimonio no le impidió a Alfonso contribuir a actuaciones que beneficiaron a familiares con quienes ha litigado.

La sucesión acumuló otros frentes. La familia denunció una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada con bienes hereditarios que, según los antecedentes del conflicto, terminó cerrándose después de una intervención federal. También señaló amenazas de nuevas órdenes de aprehensión contra Alfonso mientras recibía tratamiento contra el cáncer.

El saldo obliga a mirar el conjunto: controversias patrimoniales convertidas en múltiples procedimientos penales, decisiones corregidas desde la justicia federal y años de desgaste familiar.

Pedro Antonio debe explicar los movimientos judiciales; los administradores, los señalamientos de interferencia; la Fiscalía, el sustento de sus actuaciones. Y Monina, su decisión de llevar al terreno penal una disputa que conocía desde años atrás.

Estela murió esperando una resolución. La corrección federal llegó después. Esa demora tiene responsables institucionales, aunque ninguno quiera hacerse cargo de la factura.

Monina pelea una herencia. Puebla ya puso en juego la credibilidad de su justicia.

@FerMaldonadoMX