Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Detrás de la reciente salida de la dirigencia de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo hay un cúmulo de preguntas sin responder.
Los expedientes judiciales entre privados en los que tiene una participación actuante; el desorden administrativo en un partido que en ete año obtuvo como prerrogativas por mas de 122 millones de pesos; los casos de nepotismo y el evidente tráfico de influencias en el Poder Judicial.
El caso de Miguel Ángel Celis Romero coloca bajo escrutinio la actuación de la Fiscalía General del Estado y del juez Venustiano Islas López. La urgencia para discutir su encarcelamiento y las condiciones en que se permitió ejercer su defensa.
El antecedente es el toca 34/2026. La resolución del 30 de octubre revocó el sobreseimiento y se abrió la posibilidad de modificar medidas cautelares que le permitían enfrentar el proceso en libertad.
El jueves 5 de noviembre el juez Islas López citó a una audiencia relacionada con esa resolución, con sólo 12 horas de anticipación. Se buscaría sustituir las medidas de Celis Romero por prisión preventiva oficiosa. El retorno a la cárcel, pues.
La rapidez de la convocatoria merece una explicación, especialmente por lo que se señala que ocurrió después. El punto más delicado es este: el juez negó el acceso al abogado particular de Celis Romero y le designó un defensor de oficio. Como en los mejores casos de justicia selectiva.
No se pone en duda la capacidad de la defensa pública, sino la decisión de excluir al abogado elegido por el acusado y a las condiciones en que su sustituto pudo conocer y atender el asunto.
Discutir la libertad de una persona exige rigor y la prisa no puede suplirlo. Se atribuye al Ministerio Público deficiencias en el manejo de la carpeta de investigación y al juez una actitud permisiva frente a ellas. Ese contraste concentra la crítica: obstáculos para la defensa particular y tolerancia hacia la actuación de la parte acusadora.
El juez que conoce del caso debe explicar las razones de sus decisiones. La Fiscalía, sostener su petición con argumentos y elementos del expediente. Ninguna de las dos instituciones puede pretender que su actuación quede fuera del escrutinio público por tratarse de un procedimiento judicial.
Cobra mayor relevancia cuando se hace cuenta que la es dirigente de Morena, Olga Romero, habría influido en la llegada del juzgador a Tehuacán. Es ahí que la independencia judicial queda en duda: ¿cómo se escucha a las partes, qué se les exige y cómo se resuelve?
El trasfondo político vuelve especialmente necesaria esa claridad. Una disputa familiar con intereses patrimoniales no puede encontrar ventajas en las relaciones de una de las partes con el poder.
Ninguna expectativa sobre el futuro político o económico de Garci-Crespo puede justificar que se aparten de sus responsabilidades. Quienes ejercen funciones judiciales o ministeriales responden por sus propios actos.
Si el enredo en torno a Olga Lucía Romero Garci-Crespo no fuera tan complejo, podría perseguir sus intereses personales. La Fiscalía General del Estado de Idamis Pastor y el Poder Judicial, con Pedro Antonio Martínez, la obligación de demostrar que buscan aplicar justicia, sin la sombra del acuerdo político en lo oscuro.
@FerMaldonadoMX
