Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
En el Poder Judicial de Puebla, las versiones sobre una disputa por el control del aparato plantean una pregunta incómoda: ¿se busca esclarecer irregularidades o desplazar a quienes conservan influencia?
En entregas anteriores mencionamos a Guillermo Valdez, Pedro Antonio, César Bermúdez Minutti, Iván Cruz Luna, Enrique Siliceo y Salvador Martínez por señalamientos sobre posibles intervenciones que habrían favorecido a Olga Romero Garci Crespo en la disputa por la cuantiosa herencia de Socorro Romero Sánchez, la próspera empresaria que falleció en diciembre de 2009.
Pedro Antonio enfrenta el costo de una conducción cuestionada: mientras falten explicaciones claras, cada relevo, acercamiento o ruptura puede interpretarse como parte de una lucha por posiciones o favores mal disimulados.
Y cuando se trata de conservar influencia, las alianzas dejan de parecer tan extrañas. Mas bien obedecen a movimientos estratégicos que pretender conservar cotos y poder de decisión.
En ese ambiente aparece Estado Veintiuno, una plataforma en Facebook con unos 12 mil seguidores con un estilo propio en la era de las redes sociales y a la que se atribuyen publicaciones sobre presuntas irregularidades judiciales.
Bienvenida cualquier investigación que aporte documentos verificables. Y justo ahí aparecen dos nombres de magistrados: Ricardo y Carlos. No son nombres cualquiera. Ambos, en su tiempo y en su momento, tuvieron acceso a poder pleno, información precisa e influencia, incluso mucho más allá del Poder Judicial.
Una versión de pasillo los coloca detrás de Estado Veintiuno y les atribuye haber intervenido desde el poder en asuntos relacionados con Olga Romero, la dirigente partidista que pretende una candidatura en 2027.
De acreditarse ambos, habría una contradicción que explicar: antiguos apoyos de la dirigente estarían exhibiendo a personajes ahora señalados por favorecerla.
¿Qué cambió entre unos y otros? ¿Se rompió una alianza o comenzó una disputa por conservar la interlocución?
La pregunta tiene interés, pero necesita documentos. Conocer información interna no demuestra quién controla una página; tampoco una publicación crítica prueba que exista una operación coordinada.
Lo que merece seguirse es la posible conexión entre las actuaciones judiciales, los intereses particulares y los enfrentamientos que hoy se describen desde los pasillos. Ingredientes de un caldo de cultivo que nadie en su sano juicio podría digerir.
Y es que, si esa relación se acredita, el problema rebasaría una disputa entre funcionarios y servidores públicos: estaríamos ante la utilización de responsabilidades públicas para disputar influencia alrededor de un litigio entre privados.
La próxima entrega deberá avanzar ahí: quién intervino, qué hizo y con qué atribuciones.
En una guerra de filtraciones, quien abre el archivo también puede terminar dentro de él.
No sería la primera vez que sucede: el victimario que la coyuntura convierte en víctima, como consecuencia de un mal cálculo.
@FerMaldonadoMX
