De acuerdo con un comunicado obtenido por Politico, la Casa Blanca instruyó a todas las embajadas a detener nuevas citas mientras define un registro obligatorio de redes sociales para estudiantes.
La Administración Trump ordenó a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos “no añadir más citas” de visado para estudiantes y visitantes de intercambio —categorías F, M y J— “con efecto inmediato”, según un cable fechado el martes y firmado por el secretario de Estado Marco Rubio.
“Con efecto inmediato, en preparación para la ampliación de la revisión y verificación de antecedentes requeridas en redes sociales, las secciones consulares no deben añadir más citas para visas de estudiantes o visitantes de intercambio (F, M y J) hasta que se emitan nuevas directrices (septel), lo cual prevemos que ocurrirá en los próximos días”, cita el telegrama obtenido por el portal estadunidense Político.
La instrucción —que calificó la medida de “congelamiento” de las entrevistas— detiene una pasaje que el año fiscal 2024 procesó más de 400 mil visados de estudiantes. El paso previo, advierte el cable, es implantar una “evaluación de redes sociales” obligatoria para todos los solicitantes extranjeros. Hasta ahora, el escrutinio digital se aplicaba sobre todo a estudiantes que regresaban y estaban vinculados —real o presuntamente— a protestas propalestinas.
¿Qué cambia y por qué?
El Departamento de Estado ya solicitaba, desde 2020, identificadores de redes en algunos formularios, pero Rubio anuncia una expansión “significativa” que abarcaría todo aspirante. El cable se remite a órdenes ejecutivas orientadas a “mantener alejados a los terroristas y combatir el antisemitismo”. La Casa Blanca, sin embargo, no precisó qué contenido o contactos digitales dispararán alarmas.
La maniobra se alinea con la línea dura de la campaña Trump: restringir la inmigración legal tanto como la irregular. Legisladores republicanos han defendido que “filtrar” estudiantes es crucial para evitar infiltraciones terroristas y espionaje chino. Demócratas replican que la administración “criminaliza la disidencia política” y usa la política de visas como garrote ideológico.
