Desde las antípodas escribe José Ojeda Bustamante
El arranque de septiembre no solo marca un relevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Supone, sobre todo, la oportunidad de replantear la relación entre el poder judicial y la ciudadanía.
Hugo Aguilar Ortiz, primer presidente indígena de la Corte en casi dos siglos, encarna una expectativa social enorme: que la justicia deje de ser un arcano reservado a expertos y se convierta en un bien comprensible para todos.
La legitimidad de los tribunales ya no depende solo de la corrección técnica de sus fallos, sino de su capacidad para comunicarlos. Lo han entendido cortes constitucionales en otras latitudes: la Corte Constitucional de Colombia, al transmitir audiencias y explicar en lenguaje llano sus decisiones sobre el derecho a la salud; el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que acompañó la transición posapartheid con una pedagogía constante hacia la ciudadanía; incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que publica resúmenes de sentencias en varios idiomas y formatos accesibles.
México no parte de cero. La SCJN tiene, en su estructura elementos valiosos como Justicia TV, una Dirección de Comunicación Social y Casas de Cultura Jurídica distribuidas por el país. Sin embargo, estos canales han operado hasta ahora, más como vitrinas institucionales que como auténticas herramientas pedagógicas.
En este sentido, el reto de la nueva presidencia será convertirlos en puentes reales: explicar por qué una sentencia importa para la vida cotidiana, cómo una jurisprudencia transforma derechos, o en qué medida un amparo protege la dignidad de las personas.
La pedagogía judicial es más que divulgación. Es una estrategia de legitimidad. Cuando la Corte explica, gana aliados sociales para sostener su independencia. Cuando calla, alimenta el prejuicio de ser una élite encerrada en sí misma. Si Aguilar quiere que su bienio sea recordado, deberá construir una narrativa en la que cada decisión, más allá de sus tecnicismos, se traduzca en lenguaje ciudadano.
La comparación internacional lo confirma: las cortes que se blindan contra el poder político son aquellas que logran proyectarse hacia afuera con autoridad moral, no solo con formalismo jurídico. En ese sentido, la pedagogía de la justicia no es un adorno, sino una condición de supervivencia para el Poder Judicial mexicano.
El desafío es doble: explicar sin banalizar y abrirse sin perder rigor. La legitimidad de la Corte, en el fondo, no se juega en el pleno, sino en la capacidad de que cada ciudadano entienda que la justicia le pertenece. Ese es el verdadero poder de la pedagogía.
@ojedapepe
