Piso 17 escribe Álvaro Ramírez Velazco
No todo lo permitido, en estricto sentido semántico, puede considerarse legal y, más todavía, puede ser ético o moral.
Según nos confirmó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Minerva Citlalli Hernández Mora, la convocatoria que se emitirá para elegir candidatos y candidatas en las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, y que se publica este lunes, no impondrá la obligación de que los postulantes soliciten licencia a sus cargos de elección popular o que renuncien a sus puestos como funcionarios públicos.
Es decir, aprovechando la laguna jurídica que representa el hecho de que se esté desarrollando un proceso interno y no uno constitucional electoral, se permitirá lo que, en estricto sentido normativo, es ilegal y además, en el sentido de honestidad más puro, es inmoral.
Quedará en la decisión prácticamente personal de los aspirantes la decisión de renunciar a sus cargos o piden licencias a sus representaciones populares legislativas.
Sin embargo, esta decisión del CEN, que fomenta la liviandad política, también dejará a la vista el nivel de impudicia política de cada aspirante.
También, de manera inequívoca, dejará al descubierto quién depende del cargo o del puesto, para ser lo que, por sí mismo y por su trayectoria, no ha podido nunca pesar.
¿Quién de los aspirantes, por ejemplo, a la gubernatura poblana, depende de un membrete para ser importante?
¿Quién o quiénes han podido trascender los cargos coyunturales y hoy posee un capital político, profesional y, sobre todo social, para ser importante en la referencia de poblanos y poblanas?
Pero, en esencia, el problema surge también de una gran laguna jurídica y también de la ausencia de autoridad de las instituciones electorales.
Ya después, de todo eso, con mala fe, se aprovechan los políticos que requieren de conservar sus cargos para ser "algo", para tener un peso que de sí no tienen.
La laguna tiene que ver con que constitucionalmente los legisladores no son considerados "servidores públicos", eso los exime de muchas responsabilidades.
La excepción aplica incluso en la creación de un glosario propio para ellos y ellas, generando un refuerzo a la indebida excepción de la que gozan.
Por ejemplo, un legislador (diputado o diputada federal o local y senadores y senadoras), en términos estrictos, no recibe un sueldo, sino una "dieta".
Y, por el lado de las omisiones de las autoridades, desde el arranque de los procesos nacionales de los partidos dejaron pasar por alto todo, que hoy es irremediable.
Pero bien, ¿quiere ver usted quién es congruente y quién vale por sus propios méritos? Hay que ver quién pide licencia y quién renuncia a sus encargos, por congruencia, decencia y pudor.
¿Alejandro Armenta, Moisés Ignacio Mier Velazco, Olivia Salomón (ella ya), Julio Huerta (él ya) y otros y otras?
Ese será el primer filtro de moralidad.
@Alvaro_Rmz_V
