Destapa coordinador intereses electorales del albiazul
El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, aseguró que el verdadero intento de censura contra periodistas ocurrió durante el gobierno panista de Rafael Moreno Valle, al recordar la llamada "ley mordaza" de 2012, con la que, afirmó, se facultó al área de Comunicación Social para emprender acciones legales contra reporteros, medios de comunicación y cualquier persona que cuestionara a funcionarios estatales.
Durante la segunda emisión del programa semanal Derecho de Réplica, el funcionario respondió a las críticas del PAN y del PRI sobre una supuesta censura derivada de los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, y acusó a ambos partidos de oposición de construir una narrativa con fines políticos rumbo a la elección de 2027.
García Parra sostuvo que quienes hoy hablan de libertad de expresión guardaron silencio cuando, en 2012, la administración de Moreno Valle promovió reformas que otorgaban al vocero del gobierno la facultad de presentar denuncias y recursos legales, en representación del Ejecutivo estatal o de cualquier funcionario, contra periodistas y medios de comunicación.
Recordó que aquellas modificaciones también permitían al área de Comunicación Social ejercer acciones legales para defender el "honor" y la "reputación" del gobernador, secretarios y demás servidores públicos por publicaciones relacionadas con su desempeño.
"Eso sí fue una auténtica persecución y una auténtica censura", afirmó el coordinador, al señalar que durante ese periodo se presentaron dos denuncias contra reporteros y, además, se elaboró una lista de al menos 17 periodistas que presuntamente serían objeto de acciones legales.
El funcionario calificó de incongruente que el PAN acuse ahora al gobierno de la Cuarta Transformación de intentar restringir la libertad de expresión, cuando dijo, ese mismo partido impulsó las reformas constitucionales y legales que dieron origen a los derechos de las audiencias.
Explicó que la reforma al artículo sexto de la Constitución, aprobada hace 13 años, incorporó esos derechos, mientras que la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobada hace 12 años con el respaldo del PAN y del PRI, ya contemplaba conceptos similares a los lineamientos que actualmente generan polémica.
Para García Parra, las críticas de la oposición forman parte de una estrategia político-electoral de cara a 2027 y no de una preocupación genuina por el derecho a la información.
Afirmó que el objetivo del gobierno estatal es defender el derecho de la ciudadanía a recibir información "veraz, plural y oportuna", mientras que, sostuvo, la oposición busca manipular el debate público para posicionar proyectos electorales.
