Justifica Gobierno Estatal diligencia contra la televisora
La diligencia realizada el pasado 29 de mayo en las instalaciones de TV Azteca Digital Puebla obedeció a un procedimiento legal derivado de sanciones impuestas por autoridades federales en materia laboral y no a una persecución política por parte del Gobierno de Puebla, aseguró el coordinador de gabinete estatal, José Luis García Parra.
El funcionario explicó que el origen del caso se remonta al 23 de enero de 2026, cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal impuso dos sanciones administrativas a la empresa por incumplimientos detectados durante inspecciones laborales.
La primera multa fue consecuencia de que la empresa se opuso a una inspección realizada el 26 de septiembre de 2025 sobre las condiciones generales de trabajo. La segunda derivó de la omisión en la presentación de documentación laboral básica, entre ella reglamentos internos, comprobantes de finiquitos, constancias de vacaciones, días de descanso, primas dominicales y pagos de aguinaldo.
García Parra señaló que estas irregularidades derivaron en alrededor de 40 sanciones administrativas relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores.
Al no cubrirse las multas, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del estado intervino en cumplimiento de un convenio de coordinación fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciando el procedimiento de cobro correspondiente.
La empresa promovió posteriormente un juicio de nulidad contra las sanciones y el 14 de mayo recibió una suspensión definitiva por parte de una Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, dicha suspensión estaba condicionada a la presentación de una garantía del interés fiscal.
Ante la falta de esa garantía, el 27 de mayo la autoridad estatal emitió los mandamientos de ejecución. Un día después, personal de la Dirección de Recaudación acudió al domicilio de la empresa para notificar el procedimiento y dejó citatorios al no encontrarse el representante legal.
Fue el 29 de mayo cuando se desarrolló formalmente la diligencia de requerimiento de pago y embargo, la cual fue atendida por el apoderado legal de la empresa, quien firmó la documentación correspondiente.
Ese mismo día, a las 9:40 horas, la representación legal de TV Azteca presentó una póliza de fianza para garantizar el interés fiscal, situación que frenó cualquier embargo. Actualmente la Secretaría de Finanzas revisa la validez de dicha garantía.
El monto reclamado por las autoridades asciende a 3.3 millones de pesos derivados de las sanciones laborales impuestas por la autoridad federal.
José Luis García Parra rechazó las acusaciones de persecución política promovidas por el empresario Ricardo Salinas Pliego y sostuvo que la actuación del gobierno estatal estuvo apegada a la ley.
“Nosotros no actuamos por consigna”, afirmó el coordinador de Gabinete, quien reiteró que en Puebla existe respeto a la libertad de expresión y que el procedimiento fue consecuencia de incumplimientos laborales de la empresa y no de diferencias políticas con el propietario de TV Azteca.
Asimismo, acusó a Salinas Pliego de mantener una campaña de críticas contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras los litigios fiscales que enfrenta con el gobierno federal.
