Van contra el Cartel del Despojo; Congreso avala endurecer penas
El Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal para endurecer las sanciones contra el delito de despojo, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión, con el objetivo de combatir lo que legisladores han denominado el “Cártel del Despojo”.
Con 36 votos a favor, las y los diputados avalaron el dictamen que busca fortalecer el marco jurídico para proteger el derecho a la propiedad y a la vivienda, además de garantizar mayor seguridad jurídica para las y los poblanos.
El término "Cártel del Despojo" en Puebla se refiere a una red de corrupción integrada por servidores públicos, jueces, magistrados, notarios y particulares, dedicada a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles y terrenos mediante la falsificación de documentos y juicios simulados.
La reforma fue respaldada sin distingo de colores ni partidos, ya que legisladores de distintas bancadas se unieron para abanderar esta iniciativa que busca frenar las redes organizadas dedicadas al despojo de predios.
El dictamen integra iniciativas presentadas por el gobernador Alejandro Armenta, así como propuestas de diputadas y diputados de Morena, PT, PVEM, PAN y Fuerza por México. Asimismo, se destacó que la intención de atender este problema surgió desde el gobierno estatal con el impulso del mandatario y del coordinador de gabinete José Luis García Parra.
Durante la discusión en tribuna, legisladores coincidieron en que el despojo dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica organizada que afecta principalmente a familias en situación de vulnerabilidad.
La diputada del Partido Verde, Beatriz Manrique, quien impulsó está propuesta desde el año pasado, señaló que la preocupación por este problema fue compartida entre distintas fuerzas políticas desde el inicio de la legislatura, lo que permitió construir una propuesta conjunta para reforzar las penas y proteger el patrimonio de las familias poblanas.
Con la reforma también se sancionará severamente a servidores públicos y notarios que participen en los denominados “Cárteles del Despojo”, así como a quienes simulen actos de autoridad, utilicen documentos falsos o participen en esquemas organizados para apropiarse ilegalmente de propiedades.
Además, se contemplan penas de siete a 20 años de prisión para quienes financien o dirijan invasiones de predios, incrementándose las sanciones cuando el objetivo sea la comercialización ilegal de la tierra.
Las modificaciones al Código Penal también refuerzan la protección para personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes de pueblos indígenas.
