Se ligan a expedientes del Museo Barroco y las plataformas de San José Chiapa
El coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla, José Luis García Parra, advirtió que las investigaciones contra exfuncionarios de la pasada administración panista continúan abiertas y podrían derivar en inhabilitaciones, sanciones económicas e incluso órdenes de aprehensión, una vez que existan resoluciones firmes.
Durante el último programa de la primera temporada de Derecho de Réplica, dedicado al tema del combate a la corrupción, García Parra explicó que el gobierno estatal mantiene bajo revisión distintos contratos y proyectos heredados de administraciones anteriores, entre ellos el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de San José Chiapa.
El funcionario justificó que, por ahora, no se revelen los nombres de las personas investigadas, al señalar que hacerlo podría darles elementos para preparar estrategias jurídicas y tratar de evadir responsabilidades.
“Hasta que no tengamos en firme sentencias, sanciones, no podemos compartir nombres”, sostuvo.
García Parra señaló que las investigaciones deberán avanzar hasta determinar responsabilidades y obtener resoluciones administrativas o judiciales. Entre las posibles consecuencias mencionó inhabilitaciones, sanciones económicas y órdenes de aprehensión que, dijo, podrían emitirse en algunos casos.
El coordinador de Gabinete aseguró que el gobierno estatal busca primero consolidar los expedientes antes de hacer públicos los nombres de los involucrados, pues advirtió que algunos podrían argumentar que los delitos ya prescribieron o intentar emprender acciones legales para frenar los procedimientos.
La advertencia ocurre después de que García Parra señalara a gobiernos encabezados por el PAN de haber utilizado esquemas financieros de largo plazo, como APP y PPS, que comprometieron recursos públicos. En el programa fueron revisados seis casos: el Museo Internacional del Barroco, las plataformas de San José Chiapa, el Centro Integral de Servicios, la concesión del agua, carreteras concesionadas y el RUTA.
El funcionario puso como ejemplo el caso del Barroco, cuya terminación anticipada, de acuerdo con las cifras expuestas por el gobierno estatal, evitará pagos superiores a 10 mil 200 millones de pesos hasta 2039. Ahora, adelantó que la revisión continuará sobre otros proyectos, entre ellos las plataformas de San José Chiapa, con el objetivo de buscar ahorros para las finanzas públicas.
García Parra dejó claro que los nombres de los exfuncionarios investigados serán revelados hasta que existan elementos jurídicos firmes, por lo que el gobierno estatal mantiene bajo reserva esa información mientras avanzan los procedimientos.
