Amparada en TLCAN, Doups Holdings inició una controversia para reclamar al país más de 600 mdp
La Secretaría de Economía informó que representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje internacional iniciado por Doups Holdings LLC, empresa que en 2022 inició esta controversia internacional en contra del país buscando reclamar más de 600 millones de pesos al amparo del TLCAN, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados.
La firma argumentó ser un inversionista estadounidense que, a través de la empresa mexicana Pagomet, contaba con concesiones para la instalación y operación de parquímetros en Ciudad de México. La reclamación se basó en una supuesta afectación a las inversiones de Doups debido a la revocación de tales concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Desde el inicio del arbitraje, México sostuvo que la reclamación presentaba serias deficiencias, y en específico con la conformación de la empresa filial que aparentemente sufrió los daños; con la nacionalidad y control de tal filial, así como con requisitos procesales para acceder al arbitraje. En ese sentido, la defensa de México se centró en demostrar que las reclamaciones de Doups tenían serias deficiencias que impedían al Tribunal Arbitral resolver la controversia a la luz del TLCAN.
En septiembre de 2026, el Tribunal Arbitral resolvió el caso a favor de México y determinó que carecía de jurisdicción para conocer de las reclamaciones presentadas por Doups, desestimando el arbitraje en su totalidad. Entre otros aspectos, concluyó que Doups había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, no acreditó el control de Pagomet, no podía reclamar sus pérdidas como propias e incumplió requisitos indispensables previstos en el TLCAN previo a iniciar un arbitraje. Asimismo, ordenó a Doups pagar a México más de un millón de dólares por concepto de gastos y costos.
El resultado de este arbitraje confirma la solidez de la defensa jurídica del Estado mexicano, encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. A lo largo del arbitraje se contó con el apoyo institución de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
