Ubican nexos entre dueños de funerarias y Guerreros Unidos
A doce años de la noche de Iguala que derivó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán, ofrecieron avances en torno a cuatro nuevas líneas de investigación.
En la primera línea de investigación se analizaron las comunicaciones de la noche del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, lo que permitió identificar patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación. También reconstruyó vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Entre los hallazgos, se detectaron llamadas entre miembros de esa organización criminal y personas propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
En agosto de 2025 se estableció que el dueño de la funeraria utilizó el teléfono perteneciente a un estudiante, lo que permitió recuperar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas.
La segunda línea de investigación es el análisis que se hizo a la información de tres equipos telefónicos de los estudiantes. Uno de los casos permitió ejercer acción penal y aprehensión contra un exservidor público de Iguala, otro fue utilizado por un policía municipal de Iguala y el tercer dispositivo refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal, pues el usuario posterior a la desaparición se trata de personas cercanas a un exservidor público de Iguala.
La tercera línea de investigación deriva del reanálisis documental realizado a los expedientes lo que permitió reforzar las imputaciones a miembros de la organización criminal “Guerreros Unidos”.
La cuarta línea de investigación es la relacionada con el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y con declaraciones de exservidoras públicas y vinculado a nuevos elementos, se sustentó la detención del exgobernador de Guerrero, Angel N, el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.
