Acusan que es una flagrante violación del derecho internacional
El Estado de Palestina condenó la decisión del gobierno colombiano de abrir su embajada en Jerusalén, una postura que coloca el Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella completamente alineado con las políticas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su aliado Benjamin Netanyahu.
A través de su Ministerio de Asuntos Exteriores recriminaron que Jerusalem actualmente se encuentra bajo la ocupación israelí, por lo que la instalación de una embajada colombiana y de otras naciones ahí es una flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y un ataque al pueblo palestino y a sus justos y legítimos derechos nacionales.
El Ministerio afirma que todas las medidas y decisiones destinadas a alterar el estatus legal e histórico de la ciudad ocupada de Jerusalén son nulas e inválidas, y no tienen efecto legal alguno.
Actualmente, además de Colombia, los estados que tienen embajada ahí son Estados Unidos desde el 14 de mayo de 2018 bajo las ordenes del presidente Donald Trump, además de Guatemala, Honduras, Paraguay, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nauru y Somalilandia.
Vale la pena recordar que instalar una embajada en Jerusalén genera rechazo en el pueblo palestino porque significa reconocer de facto a toda la ciudad como la capital exclusiva de Israel, ignorando por completo los derechos históricos, políticos y religiosos de los palestinos sobre ella.
Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentó a finales de septiembre de 2026 un importante proyecto de ley denominado "Ley Stop the Settlements" (Detener los Asentamientos). Esta iniciativa busca sancionar de forma directa la expansión de los asentamientos israelíes y la apropiación ilegal de tierras en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes y en el Senado estadunidense, sigue sumando adeptos el proyecto de ley que busca imponer sanciones y prohibir la importación de bienes producidos en zonas de asentamientos para frenar el desplazamiento de palestinos
