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El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación transparentar en plataformas oficiales del Gobierno de México todo lo referente a las irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) registradas entre 2019 y 2020.
Este día, en conferencia matutina, autoridades informaron avances sobre la investigación, la recuperación de montos y las denuncias contra implicados.
“Vamos a estar informando; todavía antes de irnos vamos a informar. Si no lo hacemos aquí, lo hace la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Fiscal y desde luego Segalmex para que esto quede totalmente aclarado porque dijimos: ‘cero corrupción, cero impunidad’ y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó. Ni corrupción ni impunidad”, subrayó el mandatario.
El secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, explicó que diversas auditorías a las cuentas públicas 2019 y 2020 permitieron detectar actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas.
Los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex observaron indicios de posible daño patrimonial por 9 mil 500 millones de pesos, de modo que hubo una continua recopilación y presentación de documentos justificativos y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en oficinas de todo el país.
De los 9 mil 500 millones de pesos, ya fueron aclarados y recuperados 4 mil 700 millones de pesos, es decir, cerca del 50 por ciento del total; 2 mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación por parte de instancias fiscalizadoras y 2 mil 700 millones de pesos, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que se constituye esa cantidad como el monto de daño patrimonial al erario público.
En consecuencia, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). De igual forma, los expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que imponga sanciones por tratarse de graves faltas administrativas.
Otro resultado de las investigaciones, expuso, fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles; por este hecho también se presentaron denuncias penales.
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Los amparos otorgados por dos jueces para detener la discusión, el análisis y la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, violan la división y el equilibrio entre los poderes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes”, expuso el mandatario.
En conferencia de prensa matutina explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma al Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135.
“Como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras (de Diputados y Senadores) sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales aprueben, pero esta juez dice: ‘no se envíe a los estados’, o sea, pretenden detener el proceso legislativo y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes; de ningún otro poder”, abundó.
También expuso este artículo estipula las funciones del Poder Legislativo en cuanto a reformas a la Carta Magna, así como su procedimiento:
«La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas».
En tanto, el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes «contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
“Es la Constitución, es la ley de amparo y, además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia, ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. (…) O sea, no funciona el juicio de amparo, que es lo que están haciendo estos jueces”, argumentó el jefe del Ejecutivo.
Reiteró que, por esta y otras razones, es necesaria la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.
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