Se trata de una práctica que debe eliminarse, pues altera el desarrollo integral de las y los menores, advierten legisladores.
El Pleno del Senado aprobó con 76 votos, reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, adopten medidas integrales que protejan a la niñez contra las prácticas nocivas que representa el matrimonio infantil.
Con ello, el dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados, busca plasmar que las autoridades federales, de los estados, municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México adopten medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito, con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
Dichas medidas, precisa el documento, deberán garantizar acciones afirmativas respecto de las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.
Las implicaciones del matrimonio infantil, explicaron las y los legisladores, representan una práctica que altera el desarrollo integral de las y los menores como: su derecho a la salud, principalmente a la salud reproductiva, embarazos, maternidad y paternidad prematura.
Además de su derecho a la educación, por el abandono escolar, rezago educativo y en muchas de las veces, sobre todo en el caso de las niñas, se les inserta de forma prematura en un rol doméstico, lo cual implica explotación física y una condición violatoria de la igualdad de género.
En el dictamen, las y los senadores subrayaron que en México hay aproximadamente 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, y es uno de los 10 países a nivel mundial con mayor número de matrimonios infantiles.
