Parabólica.mx escribe Fernando Maldonado
Dos de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, han padecido en carne propia el clima de inseguridad que azota el país. No se puede ni debe desdeñar, pues se trató de homicidios -o ejecuciones- en contextos particulares.
No se puede pasar por alto que los homicidios de ZaymaZoraya Zamora, cercana al ex secretario de Gobernación federal, fue ejecutada el 26 de julio en Poza Rica, en el norte de Veracruz en momentos en que es gobernador por el morenista Cuitláhuac García, un grandolicuente mandatario que suele embestir con el aparato de justicia a sus detractores.
En el segundo caso, se trató de José Guadalupe Fuentes Brito quien junto con su hijo José Manuel, un operador del ex secretario de Relaciones Exteriores, sufrió el ataque de un grupo armado en un tramo carretero en la Autopista del Sol, en Guerrero, igualmente gobernado por el una morenista Evelyn Salgado Morales.
El caso del tabasqueño es aún más lamentable porque este fin de semana otro veracruzano, cercano a Rocío Nhale, Daniel Flores Nava, perdió la vida en un accidente de aviación, pero no necesariamente en el contexto de la actividad criminal en el país.
Nadie está exento de la ola de asaltos, secuestros y ejecuciones en un país con una realidad absolutamente diferente a la que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos de campaña y a cinco años de la gestión gubernamental. De la frase aquella de “abrazos no balazos”, no se puede trivializar por la cantidad de sangre derramada en ese periodo.
Lo detalles de ambas muertes son los que resultan sorprendentes porque permite concluir que la gran asignatura la llamada Cuarta Transformación al cierre de la gestión presidencial será la misma que heredó el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto: el de ofrecer condiciones de seguridad en un país poblado de gente armada y dispuesta a terminar con la vida de personas al precio que sea.
Echar la culpa a regímenes anteriores pudo haber sido una buena coartada, pero al inicio del sexenio del presidente López Obrador, pero el recurso se agotó ante el saldo deficitario que ha tocado las puertas de las corcholatas en la búsqueda de la candidatura presidencial.
El magro resultado en materia de política pública para ofrecer condiciones de certeza a las familias mexicanas es directamente responsabilidad de la Presidencia de México, a la que igualmente ha contribuido el gabinete de seguridad y los gobernadores que relajaron o disimularon medidas preventivas en municipios de sus respectivas entidades.
En ese mismo tenor se encuentra Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Sonora y Morelos, cuya característica es la misma que se registra en Guerrero y Veracruz: todos son gobernados por perfiles tutelados por Morena, o aliados del partido en el poder.
En el mejor de los casos se podrá argumentar que el ejercicio del poder desgasta y que es esa circunstancia la que envuelve a los estados lastimados por grupos criminales; pero existe otro y peor que nadie se ha atrevido a mencionar: el contexto en el que arranca la contienda presidencial en México es cada vez más semejante a la Colombia de la década de los ’90s.
@FerMaldonadoMX
