Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
A las 15:10 del 7 de diciembre de 2020 dos mujeres de nombre Margarita Lucero Rosas Cóyotl y Lucero Margarita Porfirio Rosas, fueron subidas contra su voluntad a la parte trasera de una camioneta Ford Lobo color negra de doble cabina; sus cabezas fueron colocadas en el piso y pisadas para que no pudieran moverse.
Sus captores eran Juan Antonio Rosas Cóyotl que usaba un arma larga, Sandra Rosas Cóyotl y Martha Osorio Rosas. Las víctimas y victimarios, todos de una misma familia envueltas en un supuesto caso de ejecución, en contra de una persona de nombre Leocadio por una deuda económica.
“Súbela, la vamos a matar porque sabe que matamos a Leocadio”, dijo Juan Antonio Rosas Cóyotl a sus acompañantes, mientras Margarita Lucero y Lucero Rosas eran sometidas y golpeadas, además de ser blanco de insultos y amenazas. “Todo esto sucede por tu puta culpa, ya no hay vuelta atrás”, les dijeron.
Fueron llevadas a un caserío de la familia en San Francisco Coapa en el municipio de San Pedro Cholula. Todo está asentado en la Carpeta de Investigación 415/2020/Cholula y la 418/2020/Cholula; existe además un informe policial homologado con el número 21PE02119071220201952, pues en el rescate de las personas privadas de la libertad participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Guardia Nacional.
De ese parte dieron cuenta los elementos estatales Moisés Herrera Vargas y Jacinto Cruz Barrera; además, de la Guardia Nacional, Bernabé Osorio Martínez y José Guadalupe Castro Basurto. Nada de eso valió frente a los ojos de un juzgador del aparato de justicia sumido en un escándalo nacional.
En dos minutos con 30 segundos el juez Salvador Hernández Martínez dejó en libertad a tres personas que habían sido vinculadas a proceso por el delito de secuestro agravado, en una audiencia celebrada el 28 de mayo, casi una semana después de que en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera expuesto junto a otros juzgadores por haber liberado a supuestos delincuentes.
El lunes 22 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado de prensa en el que se estableció vinculación a proceso de dos mujeres y un hombre por el delito de secuestro en contra de dos mujeres, ocurrido el 7 de diciembre de ese mismo año, en San Pedro Cholula.
Mas aún el juez colocado en el centro de la atención nacional el 17 de mayo, descalificó el trabajo de investigación de la Fiscalía General del Estado que “a veces tiene (la FGE) seis meses y no investiga nada y se queda con lo mismo, con lo que consiguió en las primeras 48 horas; con eso se va la acusación”, dijo al final de la audiencia que se extendió por más de 7 horas y media el pasado 24 de mayo.
El argumento utilizado para sobreseer la imputación de los victimarios fue la geolocalización de los teléfonos de cada uno de los involucrados, según un reporte técnico presentado por la defensa de las personas imputadas. Según su apreciación, no hubo victimarios ni víctimas ni levantón.
Incluso sugirió enfrente del agente del Ministerio Público Marcelo Antonio Meza que el no haber establecido las horas de las llamadas telefónicas entre los involucrados -víctimas y victimarios- “esperemos que sea una omisión no dolosa” de parte del perito investigador.
El juez Hernández Martínez que ya había absuelto un alcalde de la Mixteca que enfrentaba imputación penal, volvió a colocarse en el centro de la atención por la sospechosa conducta profesional, junto con al pleno del aparato de Justicia en Puebla.
@FerMaldonadoMX
