Parabólica.mx escribe Fernando Maldonado
El pleito que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene contra el aparato judicial en el país tiene bases fundadas a partir de un conjunto de elementos tangibles que alimentan el clima de impunidad para favorecer a un conjunto de personajes impresentables, algunos de ellos con un claro pasado delincuencial.
El martes 16 que desde la conferencia de prensa mañanera exhibió a un conjunto de jueces que a tracés de sus fallos han puesto en libertad o ventajosa condición jurídica a potenciales criminales, expuso un caso poblano, en la persona de Salvador Hernández Martínez, juez de control en Izúcar de Matamoros por haber puesto en la calle a un edil que enfrenta un juicio penal.
No fue el único caso, porque la historia de la conducta de juzgadores del fuero común y federal, de manera sistemática favorecen a quienes habitualmente tienen recursos, relaciones y poder para librar acusaciones y procesos en curso en detrimento siempre del más débil.
Un caso que dibuja de cuerpo entero este tipo de conductas entre juzgadores e impartidores de justicia, es el amparo que obtuvo Antonio Valente Martínez Fuentes alias “El Toñín”, el presunto líder huachicolero que apenas hace unos días volvió a la escena como un perseguido político, según dijo en su alegato transmitido a través de Facebook.
La pregunta que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña hizo al presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta si es que podía ver a los ojos a sus hijos por lo dicho en el sentido de que era necesario democratizar al Poder Judicial, es exactamente aplicable a quienes tienen en sus manos los destinos de gente como “El Toñín”, el presunto agricultor que posee un imperio inmobiliario.
Detrás de la enorme polvareda política que despertó ese amago de la presidenta en contra de un integrante del Senado de la República, persisten casos que alientan sospechas como el caso de este personaje, propio de cualquiera de las películas de Luis Estrada, el cineasta que ha retratado con fina ironía usos y costumbres del sistema político mexicano.
Parte del realismo mágico de nuestro mosaico rural, este personaje a quien el fisco puso lupa por la riqueza que posee sin haber demostrado tener ingresos, es visto como un mal necesario en la zona del triángulo rojo, la demarcación que lleva esa denominación por el clima de violencia que se vive desde que el fenómeno del robo de combustibles se disparó.
Es ese microcosmos en el que edificó la imagen que ha mostrado a quien tiene acceso a sus cada vez mas frecuentes transmisiones en las plataformas digitales. Agricultor benefactor que provee legumbres a gente pobre de la zona y dado a la victimización, se llama con frecuencia objeto de malas intenciones y conjuras del poder.
Según la creencia en la región, es gracias a la capacidad logística y de fuego del grupo con el que opera “El Toñín” que otros agrupaciones delictivas que operan en otros puntos del país, como el estado de Veracruz, que les ha sido impedido desarrollar operaciones delictivas. Se trata de un mito, pero sigue vigente, en torno a la falsedad de un agricultor que dista de poseer condiciones propias del campesinado.
@FerMaldonadoMX
