Parabólica.mx escribe Fernando Maldonado
Nadie puede estar desacuerdo en que hay responsabilidad criminal en el incendio provocado en el dormitorio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez Chihuahua, con el saldo de 39 migrantes muertos y una cifra preliminar de lesionados.
Y tampoco se puede desdeñar que lo sucedido es una crisis política en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. La beligerancia con la que se ha conducido la oposición en el Congreso de la Unión debe entenderse en esa misma lógica, como ha sucedido en el pasado.
Tampoco debe sorprendernos, pero tampoco hay que normalizar la intención de la clase política de obtener réditos de una tragedia humana, como la muerte masiva de centro y sudamericano.
Una cábala en el ejercicio de gobierno es que independiente del color, signo o militancia partidista, todo edil, gobernador o presidente deberán enfrentar un periodo de turbulencia derivado de súbitos eventos que están mucho más allá del control del poder público.
La tragedia de Ciudad Juárez recuerda la crisis que enfrentaron los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional.
De los últimos tres mandatarios, el del panista fue el que más embates debió enfrentar. En la gestión de Felipe Calderón fueron escritos dos de los expedientes mayormente sangrientos que cimbraron a la sociedad mexicana y que trascendió con mucho nuestras fronteras.
En junio de 2009 en Hermosillo, Sonora una la guardería ABC del Instituto Mexicana del Seguro Social que había sido subrogada a una familiar de la entonces primera dama, se incendió con el saldo fatal de 49 niños muertos en unos de los eventos más tristes para todo el país.
Un año después, en septiembre de 2010 en el ejido Huizachal en San Fernando Tamaulipas, 72 migrantes centro y sudamericanos fueron ejecutados por el grupo criminal Los Zetas y según se supo después, la masacre de San Fernando sucedió porque las víctimas no pudieron pagar el rescate exigido, o porque se negaron a formar parte de los “halcones” que el grupo criminal demandaba para sus actividades.
Reportes de prensa de la época establecieron que las víctimas fueron 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 1 ciudadano de Ecuador y 4 de Brasil mientras el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna pactaba con el narco, según se desprende del juicio que enfrentó en una corte en Nueva York, y por el cual espera sentencia prevista para el 27 de junio.
El 26 de septiembre de 2014, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ocurrió la masacre en Iguala, Guerrero, con el levantón, ejecución y desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Manuel Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre ellos El Panotla, un joven estudiante de Huamantla, Tlaxcala.
Tuvieron que pasar años para que los funcionarios involucrados directa o indirectamente en todos esos episodios, fueran llevados a juicio y otros se han evadido, lo que lleva a una interrogante más: ¿en tiempos de la 4T también deberemos esperar a transcurra a gestión de López Obrador para ver procesados a los criminales intelectuales de Ciudad Juárez?
@FerMaldonadoMX
