Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
Esta semana se cumplió el primer trimestre de la agresión violenta que un grupo de agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado recibió de un grupo de delincuentes en Izúcar de Matamoros, en la Mixteca. Actuó con método, planeación y estrategia.
No hubo muertos porque así estuvo en el plan diseñado por los agresores, la intención en realidad fue sembrar el miedo y lanzar una señal inequívoca para quien supiera decodificarla a tiempo y con oportunidad.
El perímetro en el que se pretendía efectuar un operativo para asegurar a responsables de trata, violentadores y chififos está vedada al escrutinio de cualquier ojo indiscreto autoridad alguna. Quien haya tomado la decisión de desacatar esa advertencia pagará caro por ello, se desprende de esa virulenta reacción.
Ninguno de los agresores ha sido identificado, mucho menos detenido y tampoco hay mucha información del sitio en que están escondidos o evadidos. Se hicieron humo, pues.
Todo es especulación, pero la voz popular de la Mixteca poblana sugiere que la totalidad de los protagonistas de ese episodio que indignó a los agentes investigadores pusieron tierra de por medio y se habrían refugiado en estados vecinos como Morelos, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y hasta la capital del país.
Especulación o dosis de verdad, es lo mismo porque los responsables de realizar las pesquisas han topado con dos diques que impiden avanzar con las indagatorias para encontrar el rastro de un grupo delictivo con la capacidad narrada en crónicas periodísticas.
El primero fue la complicidad de empresarios de giros negros que han operado por décadas en la llamada zona roja con jovencitas ofrecidas al mejor postor, y quizá la más grave: la inoperancia del aparato en seguridad en ese municipio gobernado por Irene Olea Torres, a quien incomoda notoriamente el trabo de los medios insumisos.
Fuentes de ese municipio marcado por la inseguridad y hechos de violencia todos días, aseguran que a cada uno de los seis agentes ministeriales se les despojó de arma de cargo cortas y largas.
Eso significa que en estos 90 días que han transcurrido desde la más violenta reacción que ha enfrentado la Fiscalía General del Estado como institución, 12 armas de fuego están en manos de un grupo delictivo con capacidad de fuego, logística y con decisión criminal
La obstaculización para dar con los culpables de la golpiza y despojo de armamento orilló a la búsqueda de intermediarios para recuperar el arsenal que los delincuentes poseen. Ahí en Izúcar es una verdad que corre de boca en boca.
Nada ha servido porque en medio existe una industria tan ilegal como inmortal: la trata de mujeres, incluso mejores de edad, como pudo constatar en primera persona el autor de la parabólica.
Las utilidades que arroja una empresa como la trata son millonarias y no puede ser comparada con ninguna otra actividad lícita en cualquier parte del mundo.
“Carne de cañón para una industria que genera millones de pesos, las niñas captadas mediante engaños o amenazas, son arrastradas por lenones, padrotes o chichifos a ese lumpen de la Mixteca, Veracruz, Acapulco o Alaska”, se escribió en esa entrega de mediados de mayo y nada ha cambiado en el panorama.
@FerMaldonadoMX
