Frente de Batalla por Alejandro Armenta
En Puebla, en promedio sólo hay registro del 7% de los delitos efectivamente cometidos, 93% restante no sólo no se persiguen, ni siquiera se consignan documentalmente; siendo la policía de tránsito, los jueces, la policía ministerial y la policía preventiva municipal, las más cuestionadas en el ejercicio cotidiano.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2019 la inversión en seguridad publica representaba apenas el 1.4% del presupuesto cuando el promedio nacional era del 4%; déficit del 2.6% que se tenía un impacto directo en la incapacidad para incrementar la cantidad de elementos policiacos. Puebla en ese 2019, contaba con 0.6 policías por cada mil habitantes, cuando la media nacional era de 1.8.por habitante.
En el libro Por Amor a Puebla, en el análisis de la problemática de la inseguridad, se ofrece una imagen del histórico en cifras de los resultados de las políticas públicas y la problemática social a través del tiempo, así como nos permite identificar fortalezas y definir retos y objetivos.
La incidencia delictiva del fuero común en mayo de 2023 fue de 6 mil 846 delitos, de los cuales solo el 10 % se denuncia; además de identificar otros factores que afectan la operatividad de los cuerpos policiacos tales como el esquema de operaciones, las tareas de investigación, la infraestructura, la estandarización, la coordinación en los 3 niveles de gobierno y, una parte importante, la participación de la ciudadanía.
Ante ello, se propone el siguiente decálogo prioritario para reconstruir el tejido social para fortalecer las condiciones de seguridad:
- Incremento presupuestal a tareas de seguridad.
- Fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación.
- Actualizar infraestructura y equipamiento.
- Optimizar los sistemas de análisis en inteligencia criminal.
- Impulso y estandarización el certificado único policial.
- Identificación e incorporación de mejores prácticas policiales.
- Mejorar la coordinación de los cuerpos de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
- Inversión en infraestructura para la prevención de la delincuencia situacional.
- Activación de los centros de mediación municipales.
- Fortalecimiento de la participación de los consejos ciudadanos de seguridad pública.
El derecho a la vida, establecido en la Constitución Mexicana, tiene que ver con esas condiciones para el bienestar, la estabilidad y el desarrollo integral del ser humano que convive en sociedad.
Por ello, en el diagnóstico Por Amor A Puebla, presentado hace unas semanas, se incluyó un análisis sobre la seguridad humana y social para atender, a través de acciones concretas y consensadas con académicos, las problemáticas originadas por las situaciones de delincuencia; aportaciones del investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Dr. Fernando Montiel y de la Mtra. Rebeca Bañuelos Guadarrama con 10 años de experiencia en la materia que dan como resultado un documento que aporta al diseño de políticas públicas.
Seguiremos trabajando por la estabilidad y la paz social de las y los poblanos.
