Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
El beso del diablo tocó al Partido Acción Nacional en San Andrés Cholula junto con su candidata al gobierno municipal, Lupita Cuautle cuando el Pacto Social de Integración de Carlos Navarro Corro, corrió a levantarle la mano en medio de la campaña política en curso.
Navarro, el dirigente de esa mini franquicia que fue puesta al servicio del ex gobernador Miguel Barbosa hasta antes de su deceso en diciembre de 2022, se ha colado junto con el PSI como moho por los resquicios del aparato partidista que se alió para hacer frente al partido en el poder.
Tan pronto encontró acomodo en esa alianza que encabeza el Partido Acción Nacional junto al Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, comenzó a fichar a un conjunto de perfiles impresentables con los que ahora tiene que remar a contracorriente para alcanzar los cargos en disputa en la elección del próximo 2 de junio.
Ya ha sido ampliamente documentado el ostentoso costo de la camioneta Lamborghini con la que la familia de Guadalupe Martínez hace campaña por la alcaldía de un empobrecido municipio como Quecholac, la tierra por cierto de quien aún despacha a través de interpósita persona, el candidato al Senado de la República, Néstor Camarillo.
La joven a la que no se le conoce talento político, afinidad ideológica o causa ciudadana alguna, es hija del Toñín, el autodenominado agricultor detrás del cual, se esconde un probable autor de delitos del fuero federal como el robo de combustibles, según han sugerido autoridades investigadoras.
No solo eso, porque en Tecamachalco decidieron apadrinar para competir por la presidencia municipal a otro perfil de oprobio como el panista Inés Saturnino López Ponce, un consuetudinario violentador de mujeres, como ha sido exhibido en reiteradas ocasiones.
La alianza con este partido como lo exhibió el PAN de San Andrés Cholula carece de toda explicación. Ni política ni aritméticamente la mini franquicia se explica salvo a la luz de la sospecha porque cuando no tiene lógica, suena metálico a menos que la decisión de cargar con ese fardo, sea transparentado.
“Pacto Social de Integración (PSI) es un partido fuerte, aliado, que pone todo el entusiasmo, talento y estructura para que se materialice los proyectos ciudadanos (…) Así lo expresó Erik Navarro, militante de este instituto político y candidato a regidor por este municipio”, presumió en un boletín de prensa el jueves 25 de abril.
El Pacto Social de Integración de 2018 no alcanzó en 2018, la campaña para gobernador, presidentes municipales y diputaciones, ni el 2 por ciento de la votación para el Congreso del Estado, con apenas 1.83 por ciento de la votación general y su dueño, Carlos Navarro Corro se coló en la primera posición como legislador sin un solo voto.
La apuesta de los dueños de ese partido político está a la vista y corre en caminos paralelos: nominar a perfiles de reputación cuestionable como el caso de Guadalupe Martínez en Quecholac o Inés Saturnino en Tecamachalco, pero con capital económico y por el otro, abrazar causas legítimas como la de la abanderada de San Andrés y otras, para salvar el registro en riesgo de desaparecer.
No olvidar que en el paquete económico este aparato político que carece de base social, causa social y reputación legítima ronda los 20 millones de pesos anuales. La prerrogativa es de quien la trabaja, pues.
@FerMaldonadoMX
