Excluyen a servidores públicos del régimen penal por ciberasedio

Excluyen a servidores públicos del régimen penal por ciberasedio
Guadalupe Guarneros

Adelantó que uno de los ajustes contemplados será modificar la sanción para quienes incurran en el delito de ciberasedio, la cual podría ir de seis meses a tres años de prisión.

La diputada local Norma Pimentel informó que, como parte de los nuevos acuerdos para la modificación de la Ley de Ciberseguridad en materia de ciberasedio, se establecerá un régimen de exclusión para los servidores públicos y representantes de alguna autoridad estatal, quienes no serán sujetos de esta normativa penal.

Durante la segunda mesa de trabajo para analizar cambios al artículo 480 del Código Penal, Pimentel explicó que este régimen especial busca delimitar la aplicación de la ley y evitar su uso contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La propuesta incluye una cláusula de exclusión que protege expresiones con fines noticiosos, democráticos o de escrutinio público, especialmente si se dirigen hacia instituciones del Estado o sus funcionarios.

En esta segunda reunión, también se acordó que comete ciberasedio quien, a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o plataformas en línea, lleve a cabo de forma reiterada o sistemática actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa.

También se plantea que el delito será perseguible sólo a petición de parte, salvo en casos donde la víctima sea una niña, niño, adolescente, persona con discapacidad o exista una relación de autoridad o subordinación, en cuyo caso se procederá de oficio.

Asimismo, adelantó que uno de los ajustes contemplados será modificar la sanción para quienes incurran en el delito de ciberasedio, la cual podría ir de seis meses a tres años de prisión.

La legisladora señaló que, una vez acordados los puntos a modificar, se prevé que el próximo miércoles la Junta de Gobierno y Coordinación Política reactive el proceso legislativo, siempre y cuando las distintas bancadas respalden las propuestas. Posteriormente, la iniciativa será turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde se evaluará y dictaminará para, en su caso, someterla a votación ante el pleno del Congreso local.

Finalmente, la diputada Norma Pimentel precisó que se garantizará la certeza jurídica dejando muy clara la descripción de como consistirá esta ley, también se garantizará la libertad de expresión.