En sesión ordinaria se presentaron iniciativas en materia de procuración de justicia y seguridad
El Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, en materia de ciberseguridad, con la finalidad de tipificar el delito de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberasedio.
El dictamen establece tipificar el delito de usurpación de identidad para imponer sanciones a la persona que utilice tecnologías de la información y de comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital para contactar a niñas, niños y adolescentes y personas incapaces, con el propósito de crear un vínculo de confianza para controlarlos emocionalmente o chantajearlos con fines sexuales.
Así como sanciones a la persona que, a través de las tecnologías de información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital se haga pasar por una Institución financiera o empleado de esta, con la finalidad de que por sí o por la persona usuaria, se acceda a un sitio en el ciberespacio para obtener sus datos personales o cualquier información confidencial de esta última y obtener cualquier beneficio indebido.
De igual manera, se tipifica el delito de espionaje digital cuando a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales.
Asimismo, se tipifica el delito de ciberasedio cuando a través de la utilización de las tecnologías de información y comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agrave o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Laura Artemisa García Chávez aseguró que las reformas y adiciones están apegadas a derecho y buscan, en todo momento, proteger la seguridad y el bienestar de los y las poblanas.
Subrayó que más allá de colores el único compromiso es con la población, a través de leyes operativas que sirvan y evolucionen al ritmo de los delitos que enfrenta actualmente la sociedad, como son los ciberdelitos.
A favor del dictamen también se pronunciaron en tribuna, las y los diputados Nayeli Salvatori Bojalil, Elvia Ramírez Graciela Palomares y Oscar Mauricio Céspedes Peregrina; en contra, las y los legisladores Susana Riestra Piña, Delfina Pozos Vergara y Rafael Micalco Méndez.
Por otra parte, el Pleno del Congreso avaló el acuerdo para exhortar “a Carreteras de Cuota-Puebla” para que continúe realizando los trabajos de conservación y mantenimiento en la autopista Puebla-Atlixco, particularmente en el tramo de la Junta Auxiliar de Santa Ana Acozautla-Atlixco, con el fin de mejorar la circulación y prevenir accidentes automovilísticos.
En más del orden del día, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para que las autoridades estatales y municipales supervisen negocios que puedan ser propicios para la comisión de los delitos de trata de personas, realizando acciones de vigilancia, control e inspección en agencias de viaje, modelaje y artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, centros de hospedaje, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros, especialmente en zonas de alta afluencia turística.
La iniciativa que propone reformar y adicionar un párrafo cuarto al artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.
Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de armonizar el ordenamiento legal a fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad física, los derechos y bienes de las personas, garantizando los deberes de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños; así como generar y preservar la paz social y el orden público; la prevención especial y general de los delitos, su investigación y persecución.
La iniciativa, que pretende reformar el primer párrafo del artículo 2 y el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública, para su análisis procedente.
Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:
-Iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para derogar el artículo 22 del Código Penal del Estado, a fin de retirar del ordenamiento legal que por un delito se sancione a un grupo de personas, aunque no hayan participado de forma directa con el autor del mismo; esto, en concordancia con los tratados internacionales y la Constitución Federal.
La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
-Iniciativa del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, para considerar nuevas causales en el delito de feminicidio, una de estas es que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia del sujeto activo en contra de la víctima; aunque no hubieran sido denunciados con anterioridad, sea en el espacio público o privado.
La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente.
-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para adicionar el artículo 7 Bis a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, para garantizar que la protección, búsqueda y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes desaparecidos no quede sujeta a la voluntad de terceros ni a criterios de oportunidad institucional, sino que sea entendida como un deber permanente, prioritario y de certidumbre del Estado.
La propuesta legislativa se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis procedente.
