La denuncia menciona la utilización ilegal de fondos, bienes o servicios públicos municipales, o beneficios relacionados con programas sociales
La dirigencia estatal del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), presentó denuncia en contra de Claudia Rivera Vivanco ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que hace un mes el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) confirmó que la morenista ocupó recursos públicos con fines electorales.
El dirigente estatal del partido, Ramón Fernández Solana, explicó que la denuncia se presenta por peculado, desvío de recursos públicos y abuso de autoridad, pues hace un mes magistrados electorales confirmaron que la morenista violó el articulo 134 constitucional.
Calificó como “inmoral”, que en medio de la crisis económica que se atraviesa y a pesar de que el TEEP confirmó que se utilizaron recursos con fines electorales, todavía se continúe con la coacción del voto, especialmente en colonias más pobres de la capital.
“Me parece inmoral que viviendo la crisis económica que estamos viviendo en una crisis social se destinen recursos púbicos a las campañas electorales y más en este caso de una administración que fracaso completamente, que le quedó mal a los poblanos que no tuvo la capacidad de resolver los problemas de la ciudad, en un interés personal releccionista ocupa recursos públicos que pertenecen a las familias poblanas para apoyar su campaña, de manera categórica si les digo que en Redes Sociales Progresistas no lo vamos a permitir y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de las familias poblanas”, dijo.
Adicionalmente, a lo que autoridades electorales confirmaron, en los recorridos de las y los candidatos se constató que en La Condesa, la Nueva 3 de Abril, Alianza Popular, San Salvador Tepexco y en San Pablo Xochimehuacan, la gente es condicionada a que de no votar por la morenista les serán retirados los programas sociales.
En este sentido, la denuncia menciona la utilización ilegal de fondos, bienes o servicios públicos municipales, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse ante el electorado como candidata.
Además, se acusa el abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, por la ejecución de actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado.
Por otra parte, se denuncia peculado, por destinar a título personal e indebidamente fondos públicos, con el objeto de promover su imagen política o social.