La educación superior pensada desde una perspectiva de derechos humanos permitirá acercar al Derecho y todas las disciplinas a las discusiones en la materia e incidir en ellas.
En las universidades públicas y privadas existe una tendencia a omitir la impartición de asignaturas sobre derechos humanos, género e indigenismo.
México lleva treinta años defendiendo la agenda de derechos humanos. Desde la creación de la CNDH hasta la reforma constitucional de 2011, se ha impulsado la exploración integral de los alcances y responsabilidades en torno a los derechos fundamentales. De estas discusiones, la que ocupó a la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla fue la relacionada con la formación profesional a la luz de las normativas humanitarias.
La reforma supone un avance sin precedentes en la materia. En ella, se colocan los tratados internacionales al nivel de las leyes nacionales. Al mismo tiempo, se suprime el concepto de “garantías” para empezar a hablar de “derechos humanos”, y se enfatizan las obligaciones del Estado como principal garante de los derechos a nivel nacional. Así, “la persona estará al centro y sus derechos también”.
Para Rosy Laura Castellanos Mariano, presidenta de Cultura DH, la educación en derechos humanos debe trascender los modelos convencionales del nivel básico en asignaturas relacionadas con la formación cívica y ética. Es necesario, insistió, que exista una formación en derechos humanos desde una perspectiva transversal e interseccional que contribuya a identificar y erradicar conductas discriminatorias en la sociedad.
Estos principios pedagógicos han sido abordados en varias ocasiones a través de la historia. En la Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos de 1994, la Asamblea General de la ONU insta a adoptar todas las medidas necesarias para modificar las pautas sociales basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de los sexos.
A nivel regional, la Declaración de México sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (2001), exhorta a los Estados a vincular la educación como una herramienta para la formación desde la sensibilidad y la pluralidad de ideas. El documento también destaca la figura de las defensorías universitarias como actores centrales en la investigación de violencias.