Piden al Congreso atender propuestas para la Ley del transporte
Al menos seis mil miembros de Agrupaciones de Transportistas del Estado de Puebla exigieron que el Congreso del Estado retomé propuestas para incluirlas en la nueva Ley de Transporte del Estado de Puebla, aún cuando ya fue aprobada recientemente por el pleno, amagaron que en el caso de no ser escuchadas sus demandas realizarán un paro en el servicio público.
En conferencia de prensa, integrantes de la agrupación, liderados por Samuel Méndez Díaz, propusieron la eliminación sobre oferta de servicio colectivo y mercantil de taxi, y es que puntualizaron que con las anteriores administraciones estatales, "mediante actos de corrupción" se sobrepaso el límite de taxis y de rutas necesarias para el municipio de Puebla y la zona conurbada, conforme a las propias fórmulas de ingeniería de transporte, además de que se autorizó la entrada de servicio de aplicaciones tecnológicas taxis locales y el sistema RUTA, por lo que ahora con la regularización de mototaxis en algunas zonas alertan sobre una saturación en el servicio.
Los concesionarios manifestaron que "se ha llegado al extremo de la saturación ocasionando miseria en todos aquellos quienes préstamos servicio colectivo mercantil de taxi, con excepción del sistema RUTA, el cual cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del Congreso del Estado", mencionaron.
Por otra parte, plantearon un plan económico emergente "para salvar a los concesionarios ante la situación económica que prevalece" y urgieron a realizar un foro de consulta formal con todos los miembros dedicados al transporte público en Puebla para que se incluyan sus propuestas.
"Se propone la elaboración de un plan de negocios para los transportistas del sistema tradicional previa al cumplimiento de la legislación para poder establecer la manera que se garantizara la operación la renta básica para la subsistencia de operadores y de concesionarios así como los recursos para invertir en vehículos y en tecnología", dijeron.
Finalmente, los concesionarios argumentaron que no pueden cumplir la instalación de cámaras de vídeo vigilancia y botones de pánico, ya que no pueden ser conectadas al C 5 señalaron que en este caso el gobierno del Estado debe dar las facilidades para que desde la Secretaría de Seguridad Estatal se haga el monitoreo correspondiente y así evitar asaltos otro tipo de incidentes.