Además se hizo el cambio de mandos directivos, custodios, además de la implementación de tecnología en los penales para combatir la delincuencia y actos de corrupción.
Como parte de las acciones para el combate a la corrupción, el gobierno del estado demolió 104 locales comerciales construidos de forma ilegal en el Centro Penitenciario de San Miguel, esto por la instrucción del gobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta.
En el Centro Penitenciario operaban grupos delictivos, incluso con la complacencia de exfuncionarios estatales, quienes fueron investigados y sancionados, esto se refleja en el documento del Cuarto Informe de Actividades disponible para la ciudadanía en su portal de transparencia.
De acuerdo a la información, el denominado “El Pueblito” tenía espacios privados para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos quioscos y dos gimnasios.
A través de estos espacios se “generaban ganancias ilegales para administraciones pasadas, con esta acción se da un paso firme al combate a la corrupción y la impunidad al interior de los centros penitenciarios del estado”, se cita en el documento que ya analiza el Congreso del Estado.
Además del combate a la corrupción en los Centros Penitenciarios, se llevaron a cabo acciones para la creación de empleos en los que participaron 5 mil 640 hombres y 473 mujeres privadas de la libertad.
“Es decir, 70.46 por ciento de la población económicamente activa de los centros penitenciarios en distintas actividades productivas, como la elaboración de artesanías, balones, bolsas de plástico, batas quirúrgicas, artículos de jarciería, calzado, carpintería; asimismo, se capacitó a 368 hombres y 59 mujeres para incorporarse a una actividad productiva en diferentes oficios, con el fin de impulsar sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y conductas”, se cita en el documento.
El gobierno estatal implementó acciones, desde el cambio de mandos directivos, custodios, además de la implementación de tecnología en los penales para combatir la delincuencia y actos de corrupción.