Rúbrica por Aurelio Contreras Moreno
Después de un proceso que más bien pareció ser una táctica para ganar tiempo, a la UNAM no le ha quedado más remedio que dejarse de eufemismos y reconocer con todas sus letras el plagio en que incurrió la todavía (vergonzantemente) ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Ante el monumental y descarado plagio de la tesis de licenciatura de quien hoy porta indecorosamente una toga en el Poder Judicial, casi un mes después, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón (FES Aragón) determinó que el trabajo presentado por Yasmín Esquivel para titularse como licenciada en Derecho en 1987 es una “copia sustancial” de la presentada un año antes por Édgar Ulises Báez. Algo que todo mundo sabía desde que se evidenció la copia hace casi un mes, valga destacar.
En primera instancia podría parecer positivo que finalmente se admita lo que era evidente. Sin embargo, la UNAM ha decidido lavarse las manos y dejar hasta ahí el asunto, bajo argumentos inverosímiles.
En un comunicado firmado por el rector Enrique Graue Wiechers la tarde-noche de este miércoles, la UNAM señala que “de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”.
En ese mismo sentido, señaló que la UNAM se limitará a que “la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar”. Una resolución que pone en verdadero riesgo a la universidad más importante del país.
En los hechos, la Universidad Nacional renuncia a su obligación para aplicar sanciones a la conducta más reprobable que existe en el ámbito académico bajo un argumento sin sustento, porque la legislación universitaria sí contempla mecanismos para castigar el plagio.
El artículo 97 del Estatuto General de la UNAM establece: “El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado”.
El mismo numeral señala también que “el alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y documentos análogos...será expulsado”.
En lugar de simplemente proceder como le corresponde y su normatividad claramente le faculta, la máxima casa de estudios del país decidió dejar la decisión sobre Esquivel –porque a la asesora que maquilaba las tesis sí la van a condenar a la hoguera- en manos de la Secretaría de Educación Pública, donde despacha una militante de la “grilla” magisterial sin mérito académico alguno –exhibido en televisión, además-, que está completamente al servicio de los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el principio salió a la defensa de la ministra plagiaria, esposa de uno de los contratistas favoritos de la “4t”, José María Riobóo.
La renuncia a tomar una decisión en el marco de su autonomía daña no solamente a la UNAM, sino a todo el sistema de educación pública superior, pues se da un mensaje deleznable: se puede plagiar una tesis universitaria, ser “cachado en la movida” y no solo no va a existir castigo: el o la tramposa podrá seguir ejerciendo una profesión para la que no acreditó tener solvencia académica, ética, profesional ni moral.
Caso aparte es el de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que Esquivel Mossa pretendió presidir, manteniendo sin vergüenza alguna su candidatura hasta el final, a pesar del escándalo del plagio.
Yasmín Esquivel es insostenible dentro del Poder Judicial y los ministros –ya que ella no tiene la menor intención de irse- deberían iniciar un proceso para separarla del encargo, al que llegó solamente para defender los intereses del régimen lopezobradorista y no para impartir justicia pronta y expedita.
De mantenerse en la Corte por cuestiones políticas –que es lo que a fin de cuentas ha paralizado tanto a la UNAM como a la SCJN para actuar-, las consecuencias serían inmanejables e irremediables para ambos entes públicos en materia de prestigio y hasta de validez legal de sus procesos y decisiones, lo cual no es poca cosa.
Lo cierto es que el caso de la “ministra pirata” es un retrato diáfano de lo que es y representa el actual régimen gobernante y de su absoluto desprecio por la legalidad. Es urgente poner un alto. Y la propia Corte ya demostró que sí se puede.
Por cierto, ¿cómo andará la UV en eso de los plagios y los trabajos recepcionales con los que muchos políticos han obtenido sus grados académicos?
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