La cueva de Alí Babá

La cueva de Alí Babá
Fernando Maldonado
Parabólica

parabólica.mx escribe Fernando Maldonado 

Convertido en un símil de la fábula de Alí Babá, el Tribunal Superior de Justicia ha servido de escondite de un grupo de abogados, leguleyos y abusivos que se han permitido todo tipo de licencias, discutibles desde la óptica legal y la asepsia política.

Esa circunstancia ha orillado al gobernador Miguel Barbosa “sugerir” en diversos tonos y formas, que los involucrados de escándalos deben deponer el cargo y esperar para que las indagatorias en curso sean desahogadas.

La primera tiene que ver con un juez que contra todo pronóstico, decidió reclasificar un delito tipificado como violación equiparada cometida por un adulto cuarentón en contra de una niña menor de edad, para juzgarlo como estupro.

El juez de Oralidad Penal y de Ejecución, Lucio León Mata fue suspendido bajo la sospecha de haber actuado bajo consigna, mientras que seguirá cobrando sus emolumentos, sin que se tenga que despeinar siquiera.

La sanción ocurrió luego de una enorme presión mediática y política que terminó por hundir al Tribunal Superior de Justicia en una profunda crisis de legitimidad que nadie en ese poder advirtió, sino hasta que la madre de la víctima fue llevada a la mañanera de Miguel Barbosa para contar el calvario que debió vivir.

Vendría después el escándalo del audio en el que teóricamente pactan el pago de favores entre el imputado de diversos delitos, Eukid N., y el magistrado Jared Soriano Albino del que hay denuncias penales.

Barbosa volvió a invitar a los involucrados a separarse de su encargo por “elegancia política”. El Tribunal Superior de Justicia ideó dos comisiones integradas por tres magistrados para investigar y sustanciar el probable involucramiento de un personaje con otro, pero tampoco hubo separación, como sucedió con el juez León Mata.

Recientemente en dos entregas, el viernes 7 y lunes 10 el columnista puso al descubierto el contrato, montos y falsedades tras la contratación de un servicio por 30 millones de pesos para una empresa notoriamente falsa: Grupo Estratégico Rijosa SA de CV.

Los firmantes de ese contrato de servicios son Rafael Pérez Xilotl, director de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura; pero también firma como P.P. Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura.

En tanto, Rubén de la Rosa, secretario Jurídico en el Poder Judicial que carece de personalidad jurídica como juez mercantil, tiene la responsabilidad de coordinar a todos los jueces auxiliares y de Oralidad.

Pérez Xilotl y De la Rosa son los dos funcionarios en los que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez ha descansado todo tipo de decisión, incluso las de carácter económica como la firma del contrato con la empresa notoriamente inexistente Grupo Estratégico Rijosa SA de CV para la contratación de un servicio aparentemente incumplido como los que ofreció el facturero de Arturo N., e Ignacio Mier, Florentino Daniel Tavera Ramos.

Desde que estalló la crisis mediática y política, nadie en el tribunal parece haber entendido el mensaje llano y directo: que los involucrados de estos y otros escándalos se desistan para facilitar las investigaciones. La cueva de los 40 ladrones resiste.

 

@FerMaldonadoMX