Parabolica.mx por Fernando Maldonado
Apenas el 19 de enero de este año, el contador público Francisco Romero Serrano había sido designado presidente de la comisión de seguimiento al Sistema Nacional de Fiscalización del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.
Se trató de una pequeña victoria en medio de una batalla de grandes proporciones que se fraguaba en tierras poblanas, con un final hasta ahora claramente previsible.
El aún titular de la Auditoría Superior del Estado desatendió el camino de la Cuarta Transformación desde la pasada legislatura cuando el entonces coordinador de los diputados de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, había sugerido su presencia en una audiencia a la que había sido citada la expresidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.
La ausencia de Romero Serrano en esa cita, celebrada a finales del año 2020 en el edifico de la ASE, abrió la primera herida en una relación que pintaba para ser más duradera a la luz del nombramiento obtenido en 2019, cuando compitió en la interna que había sido integrada por Salvador Sánchez Ruanova y Juan Carlos Díaz Carranza.
La notificación que deberá cumplimentar la Junta de Gobierno y Coordinación Política por parte de un juez de control de Cholula por imputaciones relacionadas con presunta violencia familiar en contra de un menor.
Un documento enviado al director de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Armando Hernández Cruz, firmado por la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la propia Fiscalía General del Estado, Rocío Flores Calderón, en la que hacen saber que se adoptan “de manera inmediata las medidas necesarias que garanticen la integridad física y proteger la intimidad del menor (…)”.
Se aferra el aún auditor a un clavo ardiente al invocar el contenido en el oficio en el que se establece que “gire las instrucciones pertinentes a efecto de abstenerse de seguir integrando la Carpeta de Investigación en mención y abstenerse de seguir dando impulso a procesal de oficio a la referida indagatoria…”.
El acatamiento del mandato judicial en el Poder Legislativo para suspender de sus funciones a quien hasta esta semana despachará en la Auditoría Superior del Estado obedece a un principio estrictamente judicial, en un contexto aún más amplio y complejo que alcanza el terreno de la confidencialidad y la confianza.
Todavía la semana pasada desde la cuenta de Twitter de la propia ASE se acusó la existencia de una acción concertada para evitar que 61 entes sujetos de escrutinio pretendieron dilatar procesos de fiscalización y acusó de estar detrás a Carlos Palafox Galeana, recién designado titular de la Consejería Jurídica, en sustitución de Ricardo Velázquez Cruz.
En las próximas horas, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado deberá incluir en la orden del día la suspensión temporal del aún auditor.
La sesión de pleno está prevista para el jueves 17 en la se dará cumplimento a la suspensión del auditor, y con la salida Ricardo Velázquez de la Consejería Jurídica, el gobierno de la 4T poblana se queda sin dos pilares en el combate a los abusos y excesos de los gobiernos del pasado.
@FerMaldonadoMX