parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
La primera gran derrota política para quien ostenta cargo de dirigencia en Morena, Aristóteles Belmont Cortés, los “abajo firmantes”, José Iván Herrera Villagómez, Leobardo Rodríguez y el resto de los morenistas que de dientes para fuera desean la utopía del socialismo está a la vista, no será necesario esperar demasiado.
Decidieron tomar como estandarte el Derecho de Alumbrado Público, que con vehemencia defendió Claudia Rivera Vivanco, la edil de la capital que terminó reiteradamente exhibida por sus desatinos declarativos y ausencia de congruencia.
Y es que en la Cámara de Diputados, la propuesta de regular el cobro de un servicio que ya se hacía desde tiempo atrás tiene el consenso de los grupos parlamentarios, y están a la espera de la conclusión de análisis en las comisiones para luego turnarlas al pleno de la Legislatura.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Céspedes Peregrina leyó adecuadamente el terreno por el que transita la discusión del espinoso asunto y pidió no llevar el debate a la esfera política y a evitar “sacar raja” de la coyuntura.
La polarización que ya se advierte tiene que ver con las aspiraciones de quien detrás mese la cuna para influir en 2024: Ignacio Mier Velasco que ya comenzó a echar a andar la maquinaria política y mediática para desgastar a quien asume como futuro rival.
“El cobro de alumbrado público está consagrado en nuestra Carta Magna (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano), artículo 115 fracción tercera inciso B, lo marca la ley”, decía vehemente, casi fuera de si la edil que antecedió a Eduardo Rivera Pérez.
Dos líneas discursivas han sido utilizadas por esta minoría radical en el Congreso y Ayuntamiento para ganar adeptos a la causa opositora, pero hueca: la supuesta inconstitucionalidad y la lesión que sufrirá la economía familiar.
Del conjunto de opositores no hay uno sólo que tenga conocimientos jurídicos sólidos, consistentes. Alegar inconstitucionalidad en la iniciativa en las comisiones legislativa no hace sino exponer la fragilidad de la argumentación.
El Alto Tribunal ciertamente declaró improcedente el cobro del derecho de alumbrado a partir de un criterio -fórmula errónea- que consistía en establecer un cobro basado en el consumo por cada uno de los usuarios. Dejar como estaba previsto habría convertido este derecho en un impuesto, lo que contraviene el compromiso de la administración estatal para evitar mayor cargas impositivas a poblanas y poblanos.
En la fragilidad de la argumentación opositora, mañosamente han escondido una variable que no conviene se conozca con profundidad y tiene que ver con la potestad de los municipios para obtener recursos para atender necesidades apremiantes por dos vías: a través de la tesorería municipal o mediante un convenio con Comisión Federal de Electricidad.
Incluso el pago por concepto de Derecho de Alumbrado Público se podría realizar de manera anualizada como ocurre con otros servicios municipales. Nada de eso importará frente a los detractores porque en el tablero está el interés político, no el del bien general.
@FerMaldonadoMX