parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
Ni la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno en el país, tampoco la designación de un fiscal especial y mucho menos la orden de captura de Tomás Zerón de Lucio han arrojado como resultado que se tenga una pista sobre lo sucedido a un joven de origen tlaxcalteca, César Manuel González, El Panotla, quien despareció la noche del 26 y 27 de septiembre de 2004 en Chilpancingo, junto a otros 42 muchachos.
El Panotla, como lo bautizaron sus compañeros allá en la escuela normalista, obedece a uno de los 60 municipios de Tlaxcala, caracterizado por la comunidad docente que ahí se asienta, en el que también existe una escuela normal rural, Benito Juárez García, es paisano de un exfuncionario en el gobierno del priista Marco Mena, íntimamente vinculado a Zerón de Lucio, José Aarón Pérez Carro, y responsable de la comisión encargada de esclarecer lo sucedido la noche triste de hace siete años.
La captura, tortura y ejecución de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, es aún una deuda que el Estado Mexicano tiene con los familiares y con el país que se horrorizó con la más cruenta masacre en contra de una grupo de estudiantes desde 1968 y 1971, fechas en las que, como el 2004, el Partido Revolucionario Institucional era el partido en el gobierno federal y en aquel estado del sureste mexicano.
La última vez que el reportero pudo conversar con el padre de una de las 43 víctimas de la masacre, documentada en amplios trabajos de investigación periodística, se advertía tristeza y soledad, dos rasgos distintivos en padres de familia que han vivido el infortunio de la pérdidas de hijas o hijos a causa de las mafias o depredadora sexuales.
En colectivos como La Voz de los Desaparecidos, esas expresiones de dolor son una característica perniciosa porque refleja el olvido institucional.
Y sin embargo, había un asomo de entusiasmo detrás de la voz triste y pausada de padre del muchacho. Iban camino a una de las tantas reuniones en la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, con el subsecretario Alejandro Encinas.
Ha transcurrido un nuevo año de la peor pesadilla que hayan vivido familias y cercanos de esos 43 muchachos -revictimizados por la prensa que ha dado muestra de vivir de la carroña- y nada ha sucedido.
Y lo es peor: los deudos comienzan a quedarse solos en sus reclamos callejeros, como ocurrió este fin de semana, cuando exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplir con la promesa que ofreció en campaña.
No sólo que se ofrezca una explicación cierta de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre, cuando fueron detenidos y levantados por los matarifes de Guerreros Unidos, sino las complicidades cada vez más evidentes.
No sólo quienes planearon la matanza de los muchachos, presumiblemente confundidos con un grupo criminal rival, sino la colusión institucional, integrada por funcionarios de distinto rango.
Ahí está Pérez Carro, el exsecretario de Gobierno en la administración priista del exgobernador Marco Mena y paisano del muchacho aquél apodado El Panotla, que contaba con 19 años de edad al momento del levantón, para no volver jamás al seno de la humilde familia en Huamantla.
@FerMaldonadoMX