*Dr. Julián Germán Molina Carrillo
Con la llegada de la pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2, identificada como COVID19, ésta trajo consigo múltiples problemas que han ocasionado crisis en los ámbitos de salud, economía, jurídico, social, religioso, cultural y un desafortunado largo etcétera, que incluye, por supuesto, las consecuencias en el ámbito jurídico-político y, en especial, en la materia electoral.
En el inicio de la pandemia, muchos países pospusieron sus elecciones, sin embargo, según el resumen del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) sobre el impacto del COVID-19 en las elecciones, al menos 18 países de Latinoamérica celebraron elecciones (nacionales o subnacionales) durante la pandemia, incluidas las elecciones presidenciales en Bolivia, República Dominicana y, más recientemente, Ecuador. En algunos casos, estas elecciones tuvieron que posponerse (al menos una vez) y se tuvieron que introducir medidas especiales de seguridad. Si bien cada país adoptó su propio enfoque para celebrar elecciones seguras durante el COVID-19, las medidas típicas incluyeron el uso de mascarillas faciales, distanciamiento social, controles de temperatura, desinfección y uso único de lápices de votación.
Por otra parte, algunos países también aumentaron el número de colegios electorales, ampliaron el horario de votación, ofrecieron colegios electorales móviles o hicieron adaptaciones para la votación anticipada o la votación prioritaria para ciertos grupos en riesgo. Sin embargo, en algunos países, las medidas sanitarias, como los requisitos de cuarentena para quienes dieron positivo por el virus o los que habían viajado recientemente, dieron como resultado la privación del derecho a votar, en los casos en que no se establecieron acuerdos especiales para permitirles el sufragar.
La jornada electoral de este domingo 6 de junio, representa un gran desafío para el estado mexicano, no sólo para los organismos encargados de la organización de las elecciones como el INE y los órganos electorales de los Estados, sino también para las autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y Municipal, que deberán garantizar a los ciudadanos, los candidatos y los Partidos, una jornada electoral tranquila y evitar los actos de violencia o que se siembre el miedo entre la población y se presente un mayor nivel de abstencionismo.
No olvidemos que, los ciudadanos acudiremos a las urnas para elegir a más de 21.000 nuevos servidores públicos, en lo que se considera serán las votaciones más grandes de la historia contemporánea de nuestro país.
Por lo que el INE dispuso de un presupuesto de 350 millones de pesos para la adquisición de cubrebocas, gel anti bacterial, toallas sanitizantes y otros insumos de limpieza que se utilizarán el día de la jornada electoral.
A ello, se sumarán los protocolos de sana distancia, limpieza y sanitización de los lugares de contacto y uso continuo de insumos de protección; sin embargo, todo ello no garantiza que se pierda el miedo entre los electores para salir a votar.
Por otra parte, y desafortunadamente, esta elección también se distingue por la violencia en la campaña electoral, puesto que, ha sido uno de los temas que más portadas y minutos de televisión ha ocupado en México. El asunto no es un tema de percepción o de agenda partidista, sino que existen datos concretos que confirman que se trata de las elecciones más agresivas en la historia reciente del país. En 266 días de campaña y precampaña se han registrado 782 agresiones a candidatos y políticos superando las 774 registradas de la campaña de 2018, según la consultora Etellekt.
A pesar de todo debemos entender que por salud plena de la democracia representativa, las elecciones se deben llevar a cabo en las fechas y los periodos previstos en el correspondiente sistema normativo jurídico vigente; con todas las modalidades, restricciones y medidas de seguridad, necesarias y pertinentes, que la situación particular determine, entre estas las de naturaleza sanitaria, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, la paz social y la salud, individual y colectiva, no solo de la ciudadanía, sino de toda la población en general.
Por ello, Ciudadanas y ciudadanos: asuman con seriedad, con responsabilidad, con libertad, debidamente informados, el acto supremo de votar, por el bien de todos, en el presente y en el futuro, mediato e inmediato, recuerden que el fin del gobierno es el bien común, es la felicidad del pueblo y que el pueblo tiene, permanentemente, el derecho humano al buen gobierno.
Al emitir su voto, los ciudadanos ejercen el poder de decidir, qué candidatos merecen su confianza y depositan en ellos, la esperanza de que la situación del país mejore, pero también con dicho acto, castigan a los candidatos o partidos que les han defraudado y que no supieron responder a sus expectativas, aplicando un voto de castigo.
*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.